Para cerrar las sesiones formativas del Seminario Permanente de la Cátedra Ignacio Ellacuría, SJ 2020: Vivir entre cuatro paredes: contextos de encierro y Derechos Humanos, el Dr. Alejandro Ríos Miranda, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, ofreció un panorama de los programas sociales y su papel en el desarrollo de millones de niñas y niños en nuestro país.

En México, la asistencia social ha tenido múltiples transformaciones conceptuales y operativas. Desde tiempos de la Conquista, en la Nueva España existía una política para la protección de los mestizos en hospitales y otras actividades de caridad: en 1524, Hernán Cortés fundó el Hospital de la Inmaculada Concepción y Jesús de Nazareno, el cual funciona hasta la actualidad.

A través de los frailes, la caridad cristiana se caracterizó por obras de misericordia que fundaron la tradición humanista basada en la solidaridad. Después de la Independencia y las Leyes de Reforma, comenzó la construcción de la beneficencia pública mediante la regulación de los bienes estatales.

Las instituciones de beneficencia, antes en manos de la Iglesia, se convirtieron en obligaciones del Gobierno desde mediados de siglo XIX. La fundación del Hospicio de Pobres supuso una de las primeras instituciones públicas que emprendieron un esfuerzo para brindar apoyo a las personas en situación de calle, al igual que la Casa de los Niños Expósitos para los menores abandonados.

En el México posrevolucionario, se adoptó el modelo de “Estado de bienestar”, donde se crearon instituciones públicas destinadas a la educación, la asistencia social y la salud. Así, se pasó de la virtud teologal a la beneficencia pública. Además, se incluyó la ampliación de los derechos individuales y colectivos.

El Dr. Alejandro Ríos hizo un repaso a las acciones en la materia de los gobiernos del siglo XX. Entre 1920 y 1952, se pusieron en marcha múltiples acciones para atender las necesidades de niñas, niños y madres solteras, destacando la creación de la Sociedad Protectora del Niño con Álvaro Obregón. Posteriormente, con Adolfo Ruíz Cortines comenzó la transformación de las instituciones hacia nuevas orientaciones paternalistas.

Con José López Portillo, se replanteó la asistencia social con base en una clasificación sobre las clases de marginación aglutinadas en dos grupos: rural y urbano. Por su parte, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari se incorporó la asistencia social al sector salud y se crearon diversas organizaciones no gubernamentales con los mismos fines.

Infancia institucionalizada

En la actualidad, la Ley General de Salud define a la asistencia social como un conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias sociales que impidan el desarrollo integral del individuo, lo cual comprende acciones de promoción, previsión, protección y rehabilitación.

La asistencia social es transformada en bienes suministrados por medio de programas preventivos y promocionales de carácter paliativo. Los lugares que se encargan de suministrar estos apoyos son, entre otros: casas hogar, orfanatos, guarderías, albergues y centros de rehabilitación, siendo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) la institución responsable de la asistencia social infantil.

Ríos Miranda definió la casa hogar como una institución total donde las actividades están controladas por diferentes reglamentos y prácticas discursivas. “Todo reglamento que obligue a los niños a adoptar estos comportamientos puede mortificar su yo”. El poder disciplinario se ejerce a través de la pérdida de la cultura de la presentación y la presentación de nuevas prácticas culturales que construyen esta nueva subjetividad.

Cuando los niños se convierten en sujetos institucionalizados, se establecen restricciones que limitan su desarrollo como seres individuales. El Dr. Alejandro Ríos concluyó que, como institución histórica, la asistencia social ha respondido a las necesidades específicas de cada época, por lo que debe entenderse como un mecanismo público en construcción permanente.

La sesión final del seminario supuso un espacio de reflexión para los participantes que, a lo largo de varias semanas, tuvieron la oportunidad de compartir con especialistas y abordar temáticas relacionadas con las condiciones de vulnerabilidad que sufren diferentes grupos sociales en el encierro.

Al compartir esbozos de sus respectivos trabajos finales, el grupo reflexionó acerca de los alcances y limitaciones que tienen los espacios colegiados para incidir en la realidad y actuar colectivamente con actores públicos, privados y sociales. Del mismo modo, señalaron la necesidad urgente de que todas las personas conozcan sus derechos para procurar su protección y cumplimiento de manera individual y colectiva.