El expresidente Enrique Peña Nieto instruyó entregas por 121 millones 500 mil pesos a legisladores para que aprobaran la reforma energética y benefició a Odebrecht con el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la nación.

Así lo expresa la Fiscalía General de la República (FGR) en la solicitud de orden de aprehensión contra el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que fue devuelta sin que el juzgador se pronunciara sobre su procedencia, según información del diario Reforma.

Aunque la solicitud de orden de aprehensión se centra únicamente en Luis Videgaray como “autor material” de los actos criminales, la FGR deja en claro que Peña fue el orquestador y promovente de las acciones delictivas.

En ese documento, la FGR considera que el ex presidente Peña fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral, es decir, que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.

Establece que Peña Nieto se apartó el Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo, con el fin de delinquir y no sólo obtuvo beneficio personal sino procuró “también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño”.

 Subraya la Fiscalía en su solicitud que “los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo (EPN)”.

Luis Videgaray- según el documento-  actuó bajo instrucciones de su jefe, el presidente Peña y distribuyó “de manera espontánea y por interpósitas personas” 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle; al dirigente partidista Ricardo Anaya y al legislador priista David Penchyna Grub.

El delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos panistas y priistas señalados con el propósito de obtener el voto de los aludidos en favor de la reforma energética sin atender los intereses que representaban sino sólo a su beneficio personal.

Y la traición a la patria habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht y que podrían beneficiarse del aprovechaiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la nación.

“Los hechos imputados de cohecho y traición a la patria requirieron de considerables recursos logísticos y financieros, ya que hubo que realizar gestiones tanto en el País como en el extranjero para cooptar los recursos ilícitos de Odebrecht”, describe el documento.

Bajo el liderazgo de Peña, Videgaray y Lozoya funcionaron “como un Estado dentro de un Estado e implementaron una política de actos de corrupción”.

Peña tuvo “un poder de mando y dirección sobre sus allegados en el gobierno que, desde luego, no era simbólico, sino que también incluía la capacidad de dar órdenes específicas las cuales estaban obligadas a cumplirlas”.