Puebla ocupa el noveno lugar de niñas, niños y adolescentes deportados de Estados Unidos, informó la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez.  

A través de un Punto de Acuerdo, la legisladora tricolor, señaló que  datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación indican que los eventos de repatriación, en los meses de enero a junio de 2020, desde Estados Unidos de niñas, niños y adolescentes (NNA) mexicanos, según sexo y condición de acompañamiento, fueron 5 mil 797, de los cuales 4 mil 701 fueron niños y mil 96 niñas, así como NNA acompañados mil 780 y no acompañados 4 mil 17.

Los estados de Guerrero, Chiapas, Michoacán, Tamaulipas y Oaxaca tuvieron el mayor número de NNA repatriados de Estados Unidos a su estado de origen.  Puebla, ocupa el noveno lugar. 

Es por ello, que exigió establecer “urgentemente” acciones que protejan los derechos de la niñez migrante. “El gobierno federal tiene que planificar, discutir y adaptar medidas que refuercen la respuesta al fenómeno de la migración de niñas, niños y adolescentes”. 

La legisladora poblana, resaltó que lamentablemente este sector, se ve obligado a huir de la violencia, el conflicto, la pobreza, la persecución o el desplazamiento, poniendo en riesgo su integridad física y emocional durante la búsqueda de mejores oportunidades de vida, enfrentando riesgos como el tráfico, la explotación y otros peligros. 

“Es urgente reforzar la respuesta al fenómeno de la migración, desde la perspectiva de los derechos de la niñez, los niños, niñas y adolescentes, porque ellos además de que ya han experimentado violaciones de sus derechos humanos antes de salir de su país de origen, continuamente son sometidos a más agravios dentro de nuestras fronteras, a través de leyes y tratamientos no favorables a los niños, por lo cual es necesario que nuestro país y cualquier gobierno esté obligado a garantizar sus derechos bajo su jurisdicción”. 

Saldaña Pérez, precisó que el Estado mexicano, así como los países que reciben niñas y niños migrantes, tienen la obligación de atenderlos siguiendo los principios establecidos en el Derecho internacional de los derechos humanos, recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, como son la igualdad y la no discriminación, la expresión de opinión y ser oídos, entre otros, garantizando de este modo su integridad.