Ante la escalada de pequeños negocios y tienditas que han tenido que cerrar por la situación derivada de la pandemia, el Diputado Federal por el Distrito 12 de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, para exhortar a los gobiernos estatales y municipales a diseñar un plan de apoyo para micro negocios que permita aminorar la carga del  pago de licencias de funcionamiento, así como servicios.

Afirmó que ante el difícil escenario que se vive, ya son muchos los negocios que han perdido la batalla contra esta pandemia: “La falta de ventas, la carga de las rentas, los plazos fatales que suelen fijar los proveedores y la inseguridad han orillado a miles de comerciantes y pequeños propietarios a renunciar al negocio familiar”.

Dijo que se estima que, por la pandemia, a la fecha han cerrado alrededor de 150 mil pequeños comercios, pero hay quienes hablan de hasta medio millón. Tan solo en Puebla, según cifras oficiales, 35% de los negocios, la mayoría micro y pequeños, podrían cerrar de manera definitiva.

La propuesta consiste en que los gobiernos estatales y municipales eximan del pago en una sola exhibición de servicios como el de limpia, bomberos y protección civil.

Asimismo, pidió que se difiera el pago de algunos impuestos estatales, como por ejemplo el pago del predial y el agua; además de que se impulse la creación de nuevos esquemas de apoyo crediticio para el pago de electricidad y a proveedores.

Enfatizó que muchos de los que tienen un pequeño negocio o un changarro, son personas mayores que no cuentan con pensión, para quienes el negocio era su único sustento para sobrevivir y salir adelante.

“La realidad es que a los pequeños negocitos se les ha dejado a su suerte. Estamos hablando de que, tan solo en el sector formal, hay alrededor de un millón 200 mil establecimientos de este tipo en todo el país”, recalcó.

Finalmente hizo un llamado a hacer algo urgente en este sector, ya que los micro comercios le dan empleo a una tercera parte de la población ocupada en actividades no agrícolas del país, y su impacto negativo se proyectará en el crecimiento de los niveles de desempleo, pobreza e inseguridad.