Los gobiernos estatales panistas armaron un negocio con la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) para dar a los concesionarios hasta 234 mil millones de pesos a través de subsidios por un periodo de 28 años, lo que es incosteable para el gobierno estatal.

Debido a la imposibilidad de cumplir con esos pagos, la administración del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, revocó desde este miércoles las concesiones de los sistemas de cobro y publicidad, que estaban en manos de las empresas Conduent Solutions y CincoMdos, respectivamente, aunque no se precisó lo que pasará con quienes operan los autobuses.

Al dar a conocer lo anterior, el Ejecutivo advirtió que se iniciarán procedimientos administrativos y penales en contra de los responsables de las obras y administración de la RUTA, por las irregularidades ubicadas en las 3 líneas del sistema.

Tras acusar de “corruptos” a los ex gobernadores Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, Barbosa dijo que el gobierno del estado mantendrá la operación de la Red de transporte a través de otras empresas.

RUTA arrancó con tres diferentes concesiones: una para el cobro de pasaje, otra para comercialización de publicidad en los paraderos y otra para servicio de transporte de los autobuses.

 October 8, 2020

Acusan condiciones ventajosas para las empresas

En conferencia de prensa, Rodolfo Chávez Carretero, director de Carreteras de Cuota Puebla (CCP), señaló que los gobiernos de Moreno Valle y Gali establecieron condiciones ventajosas para los concesionarios y perjudiciales para el estado al crear el sistema RUTA, por lo que es necesario reestructurar los contratos.

El funcionario explicó que se establecieron costos de operación que se tenían que actualizar anualmente y con ello generar amplias ganancias para las empresas que operaran las tres líneas del Metrobús a través de los subsidios que recibían del gobierno estatal.

En el caso del servicio de autobuses los costos consideraron siete factores: precio por kilómetro recorrido, kilometrajes mínimos garantizados, un fondo de garantía, un factor de ponderación que se multiplica por kilómetro recorrido, el costo del Diésel, el índice inflacionario y la modificación tipo de cambio, los cuales tendrían que actualizarse año con año.

Hoy la empresa Sistema de Transporte Metropolitano de Puebla S.A. de C.V. está a cargo de la operación de los autobuses de la línea 1, mientras que la firma TAPTA S.A. de C.V. (filial de ADO) se encarga de las líneas 2 y 3.

Inflaron costos

Chávez Carretero explicó que los gobiernos panistas fijaron en 7.5 pesos la tarifa del Metrobús para los usuarios, pero el costo real lo ubicaron en 19.5 pesos, por lo que el gobierno del estado subsidiaba 12 pesos por cada usuario.

Otra sobreestimación que se realizó está en el costo del equipo para el sistema de transporte, pues en el caso de la Línea 1 se reportó un gasto de 200 millones de pesos, pero las facturas indican un seis por ciento menos.

Respecto a los servidores electrónicos se identificó un sobrecosto de 2.5 millones de dólares, pues se indicó que estos dispositivos –sin precisar el número- fueron adquiridos en 19 mil 708 dólares, cuando su costo es de 680 dólares.

Favorecieron a empresas de cobro y publicidad

Por otra parte, la empresa Conduent Solutions, encargada del cobro del peaje, se comprometió a invertir seis millones de dólares en el sistema de transporte, lo que no cumplió.

Esta empresa, se agregó, se quedaba con el 38 por ciento de los recursos que ingresaban a través de las máquinas de cobro en las terminales, lo que según el gobierno estatal sólo debía rondar el 10 por ciento.

En tanto, la firma CincoMdos, encargada de la colocación de publicidad en los paraderos, prometió al ser contratada que colocaría internet en los paraderos y tampoco se ha llevado a cabo.

A la empresa se le dio una concesión por 20 años y sólo retribuía al estado con el 10 por ciento de sus espacios para publicidad gubernamental.

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) definió cuatro posibles escenarios para el estado si se mantienen las condiciones de los contratos, en las que se tendrían que pagar entre 17 mil y hasta 234 mil millones de pesos de subsidios, en periodos de hasta 28 años, que fueron establecidos en las concesiones.

La secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, indicó que las cifras resultan perjudiciales e incosteables para las finanzas estatales.

Únicamente el presupuesto anual del estado ronda los 90 mil millones de pesos, por lo que los 234 mil pesos representan casi tres veces esta cifra.  

Actualizaron tarifas a destiempo

Otra de las anomalías detectadas, expuso el funcionario, es que los costos de operación de la Línea 1 se actualizaron hasta cuatro años después de que fue puesta en marcha en 2013. Mientras que en las líneas 2 y 3 la actualización ocurrió solamente un año después de que se inauguraron.

Chávez recordó que la Línea 1 tuvo un costo de 1 mil 464 millones de pesos, de los que 394 fueron aportados por el gobierno federal a través del Banco Nacional de Obras (Banobras), la administración estatal aportó otros 548 millones, mientras que de capital privado habría 522 millones que tuvo que aportarse en 2011 pero que se concretó hasta 2017.

El costo de las líneas 2 y 3 fue de 1 mil 338 y 1 mil 189 millones de pesos de pesos, respectivamente.

Se contratará a otra empresa

Barbosa Huerta indicó que se garantizará el funcionamiento de las tres líneas del Metrobús, así como de las rutas alimentadoras, a través de otra empresa, la cual será elegida y contratada en semanas posteriores.

El gobernador reveló que este miércoles ya les fue rescindido el contrato a las empresas que se encargaban del cobro del ingreso de los usuarios y de colocar publicidad en los paraderos.

Se presentarán denuncias penales

En su oportunidad, el gobernador aseguró que se presentarán denuncias penales en contra de los responsables, particularmente de quienes ocupaban los niveles jerárquicos más altos en los gobiernos panistas, pues dijo que algunos de los contratos fueron firmados por subordinados con el fin de que ellos no tuvieran consecuencias legales.

“Su cumplimiento provoca la anulación del gobierno, entonces vamos a ir a fondo, les doy mi palabra a los poblanos y las poblanas”, comentó.