La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por tercera vez se negó a suspender los decretos con los que el gobernador Miguel Barbosa Huerta busca el control de la seguridad en Puebla capital.

De nueva cuenta rechazó la solicitud de una suspensión provisional solicitada por el ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

El alto tribunal publicó el lunes en internet su negativa, en un incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 46/2020, promovida por el gobierno municipal el 20 de marzo.

“Se niega la suspensión solicitada por el Municipio de Puebla, Puebla. Agréguese al expediente para que surta efectos legales, la impresión de la evidencia criptográfica de este proveído, en términos del Considerando Segundo, artículos 1, 3 y 9, del referido Acuerdo General número 8/2020, de veintiuno de mayo dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, indica el acuerdo.

El mismo día la Corte dio a conocer en otro acuerdo que el ayuntamiento realizó una cuarta ampliación de demanda.

La ampliación se llevó a cabo el 26 de agosto por parte del síndico municipal, Gonzalo Castillo Pérez, quien presentó diversas pruebas que se agregaron al expediente de la controversia. 

“Agréguense al expediente, para que surtan efectos legales, el oficio y anexo, suscrito por el Síndico del Municipio de Puebla, Puebla, personalidad acreditada en autos, a quien se tiene haciendo diversas manifestaciones relacionadas con la materia de impugnación, presentando, por cuarta ocasión, ampliación de demanda y aportando la prueba documental que refiere; la cual acompaña al oficio, la instrumental de actuaciones y la presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, respectivamente, las cuales se relacionarán en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos”, indica el acuerdo.

El mismo precisa que en la ampliación se tienen como demandados al gobernador Miguel Barbosa Huerta y al secretario de Gobierno, David Méndez Márquez, quienes deberán responder en su defensa.

La SCJN dio a ambos un plazo de 30 días hábiles para dar contestación a los nuevos actos que se les acusan, aunque estos no fueron publicados.

De forma específica al gobernador se le solicitó enviar también una copia certificada de los antecedentes del decreto impugnado, un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad o copia del documento donde conste la publicación del decreto, mismo que deberán estar “debidamente certificados y suscritos por el servidor público facultado para tales efectos y de conformidad con la legislación estatal aplicable”.

Apenas la semana pasada el gobierno de Rivera Vivanco interpuso un recurso de reclamación para exigir de nuevo la suspensión de los decretos del gobierno estatal.

La alcaldesa se ha negado a acatar el decreto que Barbosa Huerta emitió el 13 de julio, bajo el argumento de que es ambiguo y atenta contra la autonomía municipal, igual que el del 25 de marzo, que fue el primero con el cual el mandatario buscó asumir el control de la seguridad.