En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha autorizado, ni se va a autorizar, ninguna concesión de aguas nacionales para su uso en fracturamiento hidráulico, mejor conocido como fracking.

Si bien existe un documento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicado en 2017 en el Diario Oficial de la Federación referente a la exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales (que fue elaborado para atender la falta de reglamentación específica en la materia), es decisión del Gobierno de México no autorizar la ejecución de proyectos con estas características, se indicó este martes en un comunicado.

En su momento, dichos lineamientos fueron elaborados por la Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

En ellos se establecen los criterios técnicos de protección y conservación de las aguas nacionales que habrían tenido que cumplirse para el uso del agua, en caso de que la Secretaría de Energía hubiera autorizado pozos de yacimientos no convencionales.

“Sin embargo, la existencia de estos lineamientos, referentes únicamente al uso del agua, no es suficiente para la aprobación de proyecto alguno en la materia. Ello implicaría desarrollar normatividad específica en el marco regulatorio respectivo”, expuso el organismo.

La misión de la Conagua es y seguirá siendo preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para su administración sustentable y en favor del bienestar del pueblo de México, asentó la Comisión.

Organizaciones han señalado que esta técnica –que consiste en inyectar una gran cantidad de agua en superficies duras para romperlas- utilizada en el sector de la minería planea ejecutarse en Puebla.

Apenas en mayo, la Alianza Nacional Contra el Fracking reportó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó siete proyectos de fracking durante el 2019, y cuatro de ellos se encuentran en la cuenca Tampico-Misantla que comprende los estados de Veracruz y Puebla.

En diciembre de 2018 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta, hizo públicos sus 100 compromisos de gobierno, siendo uno de ellos el no autorizar más prácticas de fracking ante la inconformidad de colectivos y pueblos originarios por la devastación ambiental.