El gobierno de Puebla delegó a los titulares de la Subsecretaría Jurídica y la Coordinación General de Administración la facultad de firmar en nombre del secretario de Gobernación, David Méndez Márquez.

La atribución se delegó de forma mancomunada, de acuerdo con un decreto firmado el 12 de agosto, pero apenas publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

El documento precisa que la facultad aplica únicamente para la firma de escrituras públicas, así como los actos jurídicos previos y preparatorios de las mismas.

Lo anterior si implican “operaciones contractuales relativas al traslado de dominio de bienes inmuebles o la adquisición o enajenación de otros derechos reales”.

A la vez aplicará en la cancelación de reservas de dominio en las que deba intervenir el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.

El decreto afirma que la medida tiene la finalidad de “procurar la mejor organización del trabajo administrativo, y agilizar el despacho de los asuntos” de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Delegan adjudicación de contratos

En otro decreto se otorgaron varias facultades a los titulares de la Coordinación de Planeación y Evaluación y de la Dirección de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión, ambos del OPD Servicios de Salud del Estado.

Las dos áreas de dicho Organismo Público Descentralizado (OPD) tendrán permitido suscribir dictámenes, justificaciones, pedidos, contratos, convenios y otros instrumentos jurídicos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

También pedidos y contratos mediante procedimientos de adjudicación y “todo tipo de convenios y sus modificaciones, otorgamiento de prórrogas o esperas y cancelaciones de partidas solicitadas por los proveedores”.

Contratos de arrendamiento de inmuebles, contratos y pedidos derivados de procedimientos por invitación restringida, así como contratos y convenios regulados de obra.

Desde febrero de 2017 algunas de estas facultades ya estaban conferidas por decreto, así que fueron ratificadas y ampliadas con el nuevo, firmado el 10 de septiembre.

La decisión tiene la finalidad de “procurar la mejora de la gestión pública”, según el documento difundido en el POE.