La Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Puebla se niega a pagar los salarios caídos a tres policías custodios que desde febrero pasado dejaron de percibir su paga quincenal que en conjunto asciende a 218 mil 400 pesos, pero además les condicionan dicho pago a cambio de firmar su renuncia para dejar de pertenecer a la corporación.

Uno de los uniformados en esta situación es Marco Antonio Flores Valencia, un policía con 25 años de servicio y que apenas el año pasado se desempeñaba como Jefe de Grupo del área de custodios en el Cereso de San Miguel, pero a partir de mayo del 2019 fue comisionado inexplicablemente a diferentes Casas de Justicia, recayendo finalmente en la de Tehuacán.
El policía explicó en entrevista con e-consulta que a partir del 22 de mayo de 2019 comenzaron a rotarlo, primero lo mandaron a Casa de Justicia de Puebla, luego lo pasaron a San Martín Texmelucan y posteriormente empezaron a moverlo de forma itinerante en las de Tecamachalco y Tehuacán.
Aunque su contrato es de 24 por 48 horas, es decir, un día de trabajo por dos de descanso, explicó que actualmente no se le respeta pues sus labores las desempeña en turnos de 48 horas de trabajo por igual tiempo de descanso, situación que ha tolerado con tal de no perder su empleo y la antigüedad que ha cosechado.
Sin embargo 'la gota que derramó el vaso' ha sido la falta de pago desde hace siete meses, situación que lo ha llevado a tener que deshacerse de sus pertenencias como su automóvil, algunos electrodomésticos y otras cosas de valor que ha vendido para poder sobrevivir y pagar los 300 pesos de pasaje (ida y vuelta) para trasladarse a su trabajo en Tehuacán, ya que su domicilio está en Puebla.

Condicionan pago con renuncia
Sobre este incidente explicó que fue a principios de este año cuando tuvo que ausentarse dos días de su trabajo por causas de fuerza mayor. La segunda de ellas ocurrió en febrero cuando un problema mecánico dejó varado su coche a mitad del camino a Tehuacán, por lo que llamó a Reynaldo Vázquez Pérez, entonces director de Casas de Justicia de Puebla.
Marco Antonio explicó que en esa llamada le comentó que su vehículo se había quedado varado y que no podía dejarlo abandonado, por lo que necesitaba falta a su trabajo, a lo que recibió una respuesta favorable por parte de Vázquez Pérez quien incluso se comprometió a justificar la falta por causa de fuerza mayor.
Sin embargo cuando llegó el momento de cobrar la quincena equivalente, en su caso, a 5 mil 200 pesos, dicho pago no llegó por lo que acudió con la encargada de Recursos Humanos de Casas de Justicia, María Eugenia Tenorio, quien le explicó que ella solamente reportó las dos faltas pero no ordenó la retención de todo el pago, por lo que tuvo que acudir a Asuntos Internos.
Fue una vez en dicha unidad de la SSP que de forma expresa se le indicó que tenía un acta administrativa por las referidas faltas, por lo que la única solución era presentar su renuncia y entonces se le liberarían los pagos y se le entregaría su finiquito, situación que obviamente rechazó.
"A mí me dijeron 'vas a ir a asuntos internos y ahí te van a dar un papel, ya me lo entregas y ya con eso te volvemos a pagar tu salarios que sean necesarios', ya que voy a asuntos internos y ya fue cuando llegué ahí que me comentan que tenía un acta levantada por las dos faltas que tuve, entonces le pedimos que de su renuncia y ya con eso le van a pagar", narró Marco Antonio.
Son tres casos
Marco Antonio señaló que desde la segunda quincena de febrero hasta la fecha no ha recibido ningún pago a pesar de que no dejó de ir a trabajar y sigue trasladándose a Tehuacán para cumplir sus turnos, por lo que la deuda por sueldos caídos en su caso es de 72 mil 800 pesos, sin embargo su caso no sería el único.
Además de Marco Antonio existen otros dos casos, a los cuales de igual manera se les iniciaron procedimientos administrativos por faltas irrelevantes que terminaron en la retención de sus sueldos, por lo que en total la SSP adeuda 218 mil 400 pesos correspondiente a los pagos de siete meses a los tres policías custodios.
Aunque uno de los agraviados, por su edad, ha decidido dar la batalla por perdida y se encuentra en cuarentena por pertenecer a un grupo vulnerable al Covid-19, Marco Antonio y otro de sus compañeros buscan por la vía legal que la dependencia a cargo de Raciel López Salazar respete sus contratos y no condicione sus salarios a cambio de sus renuncias.
Esta situación se suma a la situación por la que atraviesa en general la Secretaría de Seguridad Pública Estatal con el incumplimiento de acuerdos salariales que a principios de junio pasado lograron elementos de la Policía Estatal Preventiva tras un paro de labores, pues hasta el momento las autoridades no han dado cumplimiento a los mismos y esto ha generado tensión ante un posible nuevo paro.