La Secretaría de la Función Pública informó que cuenta con 97 denuncias contra los llamados  "superdelegados” del gobierno federal y ninguna tiene sanción.

De esas denuncias, 86 están en trámite y las 11 restantes fueron concluidas para después ser archivadas por falta de elementos.

Este conteo fue entregado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en el proceso de un recurso de revisión, porque las secretarías de Bienestar y de la Función Pública no consideraban entregar parte de la información por estimar que debería ser confidencial, señaló el diario El Universal .

En el documento se enlista el número de expedientes, entidad federativa, breve descripción de los hechos, estatus y sanción. El estado que tiene la mayor cantidad de denuncias ante la SFP es Colima, con 16; le sigue Aguascalientes, con 11; Oaxaca, con nueve; Tamaulipas, con siete, y Puebla y San Luis Potosí, con cinco cada una.

“Las oficinas de los superdelegados, como cualquier otra oficina gubernamental, son susceptibles de la Ley General de Transparencia. Lamentablemente, al tratarse de figuras que cumplen funciones de representación política más que administrativa, se abusa de su estatus político para no informar de forma regular ni proactiva a la sociedad a la que sirven”, dijo en entrevista Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

En noviembre de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación, por unanimidad, de la figura de coordinadores estatales o superdelegados que planteó en ese momento el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los propósitos de estos funcionarios públicos era eliminar “instancias intermedias para que la gente reciba directamente sus recursos”, explicó Olga Sánchez Cordero, en ese entonces senadora, hoy secretaria de Gobernación.

Durante esta administración hay al menos 20 expedientes con denuncias contra estos superdelegados que son señalados por “pedir dinero para ir a un evento, uso de recursos públicos para rubros distintos a los establecidos en la norma, faltas administrativas en manejos de programas sociales, irregularidades en el manejo de programas sociales y malos manejos en entregas de tarjetas, entre otras.