Por tercera ocasión, el ayuntamiento de Puebla amplió la demanda de controversia constitucional que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que el gobernador Luis Miguel Barbosa asuma el mando de la seguridad pública en la capital.

Según se indica en el expediente que puede consultarse en la página electrónica de la Corte, el síndico municipal Gonzalo Castillo Pérez aportó nuevas pruebas documentales para argumentar que con su intención de asumir el mando policial, el gobernador incurre en una violación a la autonomía del municipio.

En el documento no se indica en qué consisten las nuevas pruebas aportadas, sin embargo, se refiere que el gobierno del estado y el Congreso local, que también fue incluido en la demanda, presenten una contestación en un plazo de 30 días hábiles a partir de que se les notifiquen las pruebas presentadas por el municipio.

En marzo pasado, el gobernador emitió un decreto para asumir el control de la seguridad en la capital, bajo el argumento de que la administración municipal no ha podido disminuir índices delictivos, pero la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco se inconformó al considerarlo un acto inconstitucional, por lo que presentó una controversia ante la SCJN.

Posteriormente, en julio, el gobierno barbosista emitió un nuevo decreto, pero la comuna tampoco lo asumió, bajo el argumento de que es ambiguo y de que está a la espera de que el gobierno estatal aclare los términos del mismo.