La industria farmacéutica y legisladores consideran la interposición de recursos legales, al considerar que la nueva estrategia del gobierno federal va en contra del artículo 134 constitucional, que plantea la obligación de realizar licitaciones para el abasto de los insumos del gobierno.

“El asunto es grave porque tenemos un gobierno que no ha entendido cómo se compran los medicamentos... crear una Conasupo de los medicamentos no necesariamente resuelve el problema”, opinó Enoch Castellanos,  presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

“Hay un análisis por parte de algunos legisladores de oposición para introducir una controversia constitucional y nosotros analizaremos los juicios de amparo”, agregó.

De acuerdo con el Instituto Farmacéutico de México (Inefam), consultora que analiza el mercado farmacéutico del país, cerca del 90% de las compras de fármacos a la primera mitad del 2020 se han realizado mediante adjudicaciones directas, sin que se haya resuelto el problema de desabasto,  según una información de El Economista.

Tan solo el año pasado, el número de proceso de compra fue de 6,000, cuando en años pasado se observaban entre 3,000 y 4,000, lo que es reflejo de compras “más desordenadas con una mayor dispersión de precios y una menor cobertura”, afirmo Enrique Martínez Moreno, vicepresidente de la firma consultora.

Según los análisis del Inefam, cuando el gobierno compra vía adjudicación directa, compra entre 30% y 60% más caro, debido a la menor presión competitiva, que empuja los precios a la baja.

A decir de fabricantes nacionales de medicamentos, este problema puede resolverse con mayor planeación. “Si hay buena planeación, se bajan los costos. Lo peor es que no haya planeación, porque hay compras de pánico”, afirmó Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).