En el Congreso de Puebla se planteó elevar a rango de secretaría estatal la actual Dirección de Protección Civil, para que opere con un presupuesto propio sin depender de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El diputado Gerardo Islas Maldonado (de Nueva Alianza) propuso reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública para cambiar el rango y establecer sus facultades y atribuciones.

En una iniciativa planteó modificar el artículo 17 para incluir una fracción XII, en la cual se enliste a Protección Civil como una de las 18 secretarías de estado.

También contempla volver a utilizar el artículo 45, que actualmente se encuentra derogado, para establecer las principales funciones de la dependencia mediante una lista de 27 fracciones, entre las que destacan:

Supervisar el correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil; elaborar un mapeo de identificación de riesgos ante un desastre o fenómeno perturbador, “donde se haga el reconocimiento y valoración de los daños y pérdidas probables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros, las condiciones de vulnerabilidad y los sistemas expuestos”, el cual deberá incluir el análisis de las causas y factores que han contribuido a la generación de Riesgos, así como escenarios probables y acciones para mitigar su impacto.

Tendría que elaborar y expedir lineamientos técnicos y operativos que serían obligatorios para los municipios; vigilar, inspeccionar y evaluar los avances de los programas en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; emitir las Normas Técnicas y los Términos de Referencia para la Elaboración de Programas Internos, Específicos y Especiales de Protección Civil con enfoque de inclusión y prevención, así como “fomentar la participación de todos los sectores de la sociedad, en la formulación y ejecución de los programas destinados a satisfacer las necesidades de Protección Civil en el territorio del Estado”.

A la vez tendría que coadyuvar en la integración y funcionamiento de los Sistemas Municipales de Protección Civil; elaborar programas específicos frente al peligro provocado por los diferentes tipos de Fenómenos Perturbadores; capacitar al personal operativo; promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de protección civil; integrar Comités Interinstitucionales para los diferentes agentes perturbadores, quienes apoyarán a las autoridades en el diagnóstico y toma de decisión en la gestión del riesgo y vigilar “el adecuado uso y aplicación de los recursos que se asignen a la prevención, apoyo, auxilio y recuperación de la población ante un desastre”.

La secretaría podría solicitar al gobernador en turno la emisión de Declaratorias de Emergencia o Desastre, acompañando dicha solicitud con un informe técnico de la situación por la que se requiere la intervención inmediata; establecer las bases de operación de instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos que permitan prevenir y atender la eventualidad de un desastre.

Finalmente tendría que investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de Fenómenos Perturbadores que puedan ocasionar desastres, así como utilizar las redes de detección, monitoreo, pronóstico y medición de Fenómenos Perturbadores, en coordinación con las dependencias responsables con el propósito de analizar y proyectar escenarios de riesgo.

La iniciativa de Islas Maldonado fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y aprobación.