En el Congreso de Puebla se presentó una reforma para que exista transparencia en el sistema de adopciones de menores de edad, tras casi un año de la acusación del gobernador Miguel Barbosa Huerta sobre la presunta venta de niños. 

El diputado Fernando Jara Vargas (de Morena), busca que ahora exista un padrón estatal público sobre los infantes que buscan una familia, así como otro con los datos de quienes adoptan y uno más de quienes aspiran a una adopción.

Para esto propuso modificar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, a fin de regular tanto al Sistema Estatal DIF como a los Centros de Asistencia Social.

Su iniciativa agrega el artículo 109 Bis, el cual cuente con 18 fracciones en las que se establezca que la Procuraduría de Protección de Derechos de los menores sea la encargada de integrar un Registro Estatal de Centros de Atención Social, con toda la información sobre las niñas, niños y adolescentes bajo su custodia.

En tal registro se deberá incluir un padrón estatal de menores de edad canalizados a los centros de atención. El artículo señala que el padrón contendrá los datos fisiológicos y las “causas de separación de las niñas, niños y adolescentes de sus familias de origen y de la de privación de cuidados parentales”.

Se encontrará también la situación jurídica, los datos de alguna discapacidad o situación de vulnerabilidad, así como los datos de los solicitantes de adopción y aquellos que cuenten con certificado de idoneidad.

Transparentarán solicitudes y adopciones

A la vez habrá un registro del número de solicitudes para constituirse en familia de acogimiento; el número de familias de acogimiento; el número de familias de acogimiento pre-adoptivo y las adopciones concluidas “desagregadas en nacionales e internacionales, sexo, edad y origen étnico”.

Además se deberá tener la información sobre las adopciones que no resultaron favorables y su causal de desechamiento; el número de menores adoptados a los que se les da seguimiento; el número de Familias de acogimiento certificadas; los datos sobre los infantes que se encuentran bajo custodia de familias de acogimiento y la temporalidad de acogimiento residencial.

A esto deberá sumarse la información las personas mayores a 18 años que habitan en los Centros de Atención Social; el tipo de financiamiento con el que funcionan; las quejas o

 denuncias en su contra y el proceso en el que estas se encuentren.

En el mismo artículo se enfatiza que toda esta información deberá ser publicada en la página de internet del DIF, para que cualquier ciudadano pueda acceder a ella. 

La iniciativa de Jara Vargas fue enviada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez para su análisis y posible aprobación.

Barbosa denunció venta de infantes

Hace casi un año, el 23 de agosto de 2019, Barbosa Huerta afirmó que había casos documentados de venta de menores en el SEDIF y anunció que se presentarían las denuncias correspondientes, ya que se distorsionó el programa de adopciones.

“Hay documentados casos de venta de menores… es terrible, una vez que tengamos más elementos, va a ser objeto de denuncias”, expuso en un acto público.

En respuesta a solicitudes de información formuladas por e-consulta, diversas dependencias revelaron en diciembre de ese año que ni siquiera había denuncias por esas acusaciones.

A raíz de ese señalamiento, la titular del SEDIF, Leonor Vargas Gallegos, sostuvo que sí se estaba investigando, pero desde entonces no se ha vuelto a referir al tema.