El Congreso de Puebla continuará con el proceso de revocación del alcalde constitucional de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, y analizará la desaparición de todo el Cabildo, que incluiría al edil suplente, Artemio Caballero López, que apenas llegó el viernes.

Así lo advirtió la diputada Vianey García Romero, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde se desahoga el procedimiento contra el alcalde preso desde noviembre.

En rueda de prensa virtual remarcó este lunes que el proceso de desaparición de poderes data de hace varios meses y no dependía del arribo del alcalde suplente.

Aunque el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) apenas ordenó el jueves la asunción de Caballero López, dijo que los diputados continuarán con las investigaciones en contra del Cabildo porque el trámite comenzó desde marzo.

La legisladora de Morena refirió que el procedimiento se retrasó por la contingencia de Covid-19, pero aseguró que ya se retomará en unos días.

Atribuyó la tardanza también a los partidos de oposición, específicamente el PAN y el PRI, pues denunció que se niegan a entablar diálogo para continuar con el asunto.

A pesar de eso confió en que la próxima semana o la siguiente se retome el caso comience formalmente el proceso de revocación de mandato o la desaparición de poderes.

Comparecerán regidores

Como primer paso —precisó— la Comisión de Gobernación deberá aprobar el inicio de cualquiera de los procedimientos (revocación o desaparición), y luego se citará a una comparecencia a los regidores y al representante legal de Patjane Martínez, para que presenten su defensa.

Por la contingencia reconoció que se analizará realizar las comparecencias de forma virtual o, si son presenciales porque la ley lo obligue, se llevarían a cabo con las medidas de prevención necesarias.

García Romero recordó que existen dos denuncias sobre el caso, una promovida por los regidores de Tehuacán, donde exigen la destitución de Patjane Martínez, y otra donde se demanda la disolución de todo el Cabildo, presentada por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

Al alcalde constitucional se le acusa de usurpación de funciones, abuso de atribuciones y uso ilícito de funciones. Este último delito es por el que está preso desde el 16 de noviembre de 2019.

En el caso de los regidores, el Igavim los denunció de corrupción y abuso de facultades.

García Romero advirtió que a estos señalamientos se sumarían los vertidos por el TEEP en la sesión del viernes, donde se acreditó que el Cabildo excedió sus atribuciones, al crear de forma ilegal una “comisión transitoria” para gobernar el municipio y bloquear el arribo de Caballero López.