Desincorporar del Sistema Educativo Estatal los bienes de escuelas privadas y que éstas puedan defender el alza de sus cuotas, son algunas de las primeras reformas planteadas para corregir la Ley de Educación, del gobernador Miguel Barbosa Huerta, y figuran en una iniciativa del diputado sin partido Marcelo García Almaguer

Tras la polémica generada luego de aprobarse la norma en “fast-track” el pasado 15 de mayo, en el Congreso de Puebla se busca subsanar los artículos que más inconformidad causaron a las instituciones particulares.

Como el artículo 105 ha sido señalado de ambiguo, se pretende precisar que el gobierno estatal no tendrá ningún control sobre los bienes muebles e inmuebles de las escuelas privadas.

En la ley vigente señala: “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.

Con la reforma que se plantea contempla que diga: “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal. De igual forma, los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla deberán registrar los muebles e inmuebles destinados a la educación, ante la Secretaría, con el estricto objetivo de que estos cumplan con las condiciones y disposiciones correspondientes”.

Defensa de actualización de cuotas

Otra de las principales quejas de las escuelas fue que el artículo 146 permite al gobierno vigilar, investigar y reportar el alza de las cuotas si existen denuncias de alumnos o padres.

La iniciativa plantea que la facultad gubernamental permanezca, pero se permita a las instituciones defender y justificar sus cobros.

Para esto se propone agregar a dicho artículo un párrafo final que diga: “en todo momento, las autoridades respectivas garantizarán los derechos correspondientes de los particulares para justificar, desarrollar y fundamentar las acciones referentes a los costos en la prestación de servicios educativos”.

Librar a escuelas privadas de obligatoriedad de informes

En artículo 117 obliga a los directores de todas las escuelas a rendir cada año un informe financiero y de actividades, pero se consideró que la medida invade la autogestión de las escuelas privadas, así que se planea modificarlo.

La fracción XX dicta que la Secretaría de Educación debe vigilar “que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel”

Se busca que ahora diga que la dependencia deberá: “promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel. En el caso de escuelas privadas, éstas determinarán las modalidades de los informes correspondientes”.

También se pretende cambiar la fracción III del artículo 143, que establece que la educación en las escuelas privadas se impartirá con planes de estudio que el gobierno estatal “considere procedentes”.

El texto se calificó de impositivo, por lo que se busca que diga que los planes solo “se formulen con base en los contenidos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la presente ley”.

Estas reformas fueron propuestas por el diputado sin partido Marcelo García Almaguer y serán analizadas por la Comisión de Educación.

Foto: Especial