El gobernador Miguel Barbosa Huerta remplazará la Ley de Mejora Regulatoria que se creó apenas hace diez meses, pues sí invade la autonomía municipal como se advirtió, sin embargo, busca que el gobierno conserve la facultad de imponer los precios de trámites y servicios en los municipios.

La norma vigente fue aprobada por el Congreso local en julio del año pasado, a propuesta de Morena, pese al rechazo de alcaldes y diputados de oposición, que atribuyeron la autoría de la ley al entonces secretario de Finanzas y Administración, Jorge Estefan Chidiac.

La iniciativa del ahora gobernador morenista busca corregir varias disposiciones que invaden la autonomía constitucional, mismas que se advirtieron desde el año pasado y aun así se aprobaron por los legisladores de Morena, PT, PVEM y PES.

El proyecto de ley será presentado este miércoles en el Congreso, pero permite a la Comisión de Mejora Regulatoria “recomendar” a los ayuntamientos cuánto cobrar por sus trámites y, si se niegan a establecer los montos sugeridos, la propia comisión podrá imponerlos de todos modos.

Esta disposición ya se encuentra en la Ley de Mejora Regulatoria vigente, pero ahora se quiere dar a los ayuntamientos más posibilidades de “consensuar” las tarifas con el gobierno.

 Abren diálogo, pero al final imposición

El capítulo II de la ley, referente a la Agenda Regulatoria, dos veces al año (en mayo y noviembre), los sujetos obligados: dependencias del gobierno, poderes Legislativo y Judicial, así como los municipios y órganos autónomos, deberán enviar a la comisión sus Agendas Regulatorias, documentos que incluirán el listado, objetivos y precios de todos los trámites y servicios que prestan.

La comisión (órgano desconcentrado de la Secretaría de Administración estatal), las revisará y las someterá a consulta pública, pero los resultados no serán vinculantes.

Luego de eso, la Comisión de Mejora emitirá “propuestas de modificación”, mismas que podrán acatarse o no por los sujetos obligados.

Los entes que se opongan a las tarifas sugeridas deberán fundamentar su negativa y proponer ajustes, que podrán ser rebatidos por la comisión y, si lo desean, los municipios podrán pedir la intervención de especialistas, aunque estos deberán ser autorizados por la secretaría.

Al final la comisión emitirá un dictamen sobre los costos y, si los municipios vuelven a rechazarlo, se podrán imponer de todos modos.

“Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con la creación, modificación o eliminación de trámites o servicios, éstas tendrán el carácter de vinculantes (obligatorias) para el sujeto obligado, a fin de que realice los ajustes pertinentes a la propuesta regulatoria. En caso de discrepancia entre el sujeto obligado y la autoridad de mejora regulatoria, ésta última resolverá en definitiva”, sentencia el artículo 75.

Corrige errores de ley anterior

La iniciativa de Barbosa Huerta busca remplazar la ley vigente por considerarla intrusiva de la autonomía constitucional, pero incluso la critica por ser ineficaz para el estado.

“Si bien una ley de esta naturaleza fue aprobada por el Congreso local en 2019, su estructura y contenido no la hacen idónea para implementar un modelo institucional y programático eficiente y eficaz”, sentencia en los considerandos de su iniciativa.

Anque el año pasado los legisladores de Juntos Haremos Historia y la extinta Secretaría de Administración y Finanzas (SFA) negaron vulneraciones a la autonomía municipal, el mandatario advierte de forma contundente la ley anterior:

“Prácticamente reproduce el contenido de la Ley General, con más de 80 artículos y una multiplicidad de órganos, que no se hace cargo de las particularidades económicas y sociales del estado, de las capacidades técnicas, financieras y humanas existentes, sobre todo a nivel municipal, ni tampoco de la necesidad de alinear los incentivos e intereses de los municipios de una manera que no resulte intrusiva de la autonomía constitucional de este orden de gobierno”.

Entre las medidas que se busca eliminar por violatorias, se encuentra la obligatoriedad de que los municipios formen parte del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, ya que ahora esto será opcional.

También lo referente a la imposición inmediata de las tarifas de trámites, ya que la ley vigente permite a la comisión fijarlos a la primera negativa de los ayuntamientos y, como ya se mencionó, ahora se darán más herramientas para consensuar los costos.