Por considerar que es un retroceso en la transición energética del país y puede violar derechos de libre competencia económica, acceso a la salud y medio ambiente sano, un juez federal especializado en temas de competencia económica frenó el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

El juez Rodrigo de la Peza concedió ayer dos suspensiones provisionales contra el acuerdo del Cenace, y este martes podría notificar hasta 25 suspensiones más, según información del periódico Reforma.

Las suspensiones concedidas fueron solicitadas previamente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las nuevas reglas emitidas por la Secretaría de Energía el viernes pasado y en la que limita la participación de particulares en la generación de energía.

El acuerdo del Cenace, que frenó las pruebas preoperativas a partir del 3 de mayo, afecta a 26 plantas solares y 18 parques eólicos, que representan inversiones por 6 mil 426 millones de dólares.

El Cenace alegó que las plantas eólicas y solares son intermitentes y provocan fallas en el sistema de transmisión, y ante la emergencia del Covid se necesita garantizar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Tras el acuerdo, se va a privilegiar la entrada en operación de otras centrales de CFE, entre las cuales algunas utilizan combustóleo y son altamente contaminantes.

Sin embargo, el juez replicó que las fallas en el SEN se han presentado desde 2019, no parecen tener relación con la pandemia y son parte rutinaria del proceso de entrada en operación de ese tipo de plantas.

“El acuerdo reclamado podría significar un retroceso en el avance del Estado Mexicano que debe perseguir en materia de transición hacia la energía renovable, ya que su objeto parece ser incongruente con las finalidades de ese proceso”, ordenado por la Ley de Transición Energética, sostuvo el Juez.

Una de las empresas que obtuvieron el amparo es la española FV Mexsolar-XI, que invirtió más de 100 millones de dólares para un parque fotovoltaico en Perote, Veracruz.

 “Sería más grave para la quejosa, pero también para la sociedad, la paralización o retraso de la entrada en operación de plantas de energía limpia, pues ello alteraría el funcionamiento del mercado en términos de libre concurrencia y competencia económica, consistentes en la generación de fenómenos monopólicos que a la postre pueden provocar el alza injustificada de precios y la reducción de la eficiencia de la prestación del servicio, en perjuicio de los usuarios finales”, agregó De la Peza.

“Si se pretenden imponer límites operativos de los corredores de transmisión a determinadas magnitudes, con ello parece, al menos provisionalmente, que se excluye a los quejosos de su participación en el mercado relativo del Sistema Eléctrico Nacional”, dicen las suspensiones.