Puebla figura como una de las entidades en donde han sido necesarios los rescates de mujeres violentadas durante la contingencia sanitaria del Covid-19 y ante la suspensión de acciones gubernamentales, de acuerdo con un balance de la Red Nacional de Refugios.

En total, expusieron este lunes en un comunicado en el que instan a los gobiernos federal y estatales a reconocer la crisis, se han realizado 19 acciones de este tipo en todo el país.

La lista de rescates la encabeza la Ciudad de México con siete casos; le sigue el Estado de México con cuatro; Puebla, Morelos y Chiapas están empatados  con dos casos cada uno; y con un rescate cada entidad están Guerrero e Hidalgo.

En el periodo del confinamiento sanitario, se agrega, a nivel nacional han aumentado en un 80 por ciento las denuncias y en un 77 por ciento la atención en los refugios a mujeres, niñas y niños.

Sobre los tipos de violencia destacan que en el 100 por ciento de los casos estos ocurrieron en el ámbito familiar; en un 49.7 por ciento la violencia fue psicológica; en un 43.37, económica; en un 17.62, fue sexual; y en un 4 por ciento de los casos se registró también un intento de feminicidio.

Este panorama, se agregó, debe ser considerado en los planteamientos que las autoridades de los distintos niveles de gobierno han hecho en torno al regreso a la cotidianidad.

"El Gobierno Federal ha empezado a hablar de iniciar la “nueva normalidad”, sin embargo, hay dos puntos importantes a reflexionar, el principal es que las mujeres y niñas lastimadas y agredidas durante la cuarentena no regresaran a la normalidad incluso quienes fueron asesinadas ya no regresaran. 

"El segundo es que seguimos sin tener o por lo menos conocer, por parte del Gobierno mexicano un protocolo de actuación integral coordinado e intersectorial con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad para atender los impactos y secuelas que el COVID19 ha dejado y seguirá dejando (aún después de levantarse la etapa del confinamiento) en la vida de las mujeres mexicanas", advierten.

Los gobiernos, se agrega, deben comenzar por reconocer el incremento de la violencia durante el confinamiento, enfocar presupuestos a ello e involucrar a las organizaciones de la sociedad civil.