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Corte da revés a Rivera y abre vía a Barbosa para asumir seguridad

  • Patricia Méndez
Se negó al ayuntamiento la suspensión provisional que impida al gobierno del estado tomar el control de la policía municipal, aunque el juicio de amparo sigue su curso
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó al ayuntamiento de Puebla una suspensión provisional que impida al gobierno del estado tomar el control de la policía municipal.

“Se niega la suspensión solicitada por el Municipio de Puebla”, notificó el máximo órgano de impartición de justicia en el país este martes sobre este caso.

Apenas el 20 de marzo, el gobierno de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco presentó a la Corte una demanda de controversia constitucional, para que defina si el gobernador Miguel Barbosa Huerta tiene o no facultades para remover y nombrar al titular de la Policía Municipal.

En el recurso, la comuna también solicitó la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la corporación, con lo que buscaba que el gobierno municipal y el del estado continuaran con las corporaciones policiales tal como se encontraban.

Continúa el curso del juicio

Según informó la SCJN este martes, la demanda sigue su curso y requirió informes a la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, así como al Congreso local, que también fue incluido en el recurso, los cuales deberán presentarse en un periodo de 30 días una vez que sean notificados de la determinación.

La Corte indicó que también se prevé la realización de audiencias para que las partes en conflicto expongan sus argumentos.

Sin embargo, la solicitud de suspensión de las acciones del gobierno estatal fue rechazada, lo que le permitiría asumir el control de la seguridad.

En los primeros días de marzo, Barbosa Huerta notificó la designación de Carla Morales Aguilar como delegada de Seguridad Pública en la capital, tras la eventual salida de la secretaria Lourdes Rosales Martínez. El mandatario argumentó que el nombramiento fue consultado con la alcaldesa, quien habría estado de acuerdo.

Cuando se esperaba que el nombramiento se hiciera oficial en una sesión de Cabildo, Claudia Rivera informó que el nombramiento de Morales fue unilateral, por lo que lo rechazó y anunció una defensa de la autonomía del municipio.

Posteriormente, en un video difundido en sus redes sociales, la alcaldesa acusó que asesores del gobernador que anteriormente fueron colaboradores cercanos de Rafael Moreno Valle, intentan apropiarse de la Policía Municipal, en referencia a Ardelio Vargas Fosado, quien fue secretario estatal de Seguridad durante el morenovallismo.

Barbosa acusa una policía a la deriva

En su conferencia de prensa de este martes, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta acusó que la Policía capitalina simula trabajar pues en realidad está a la “deriva” ante la supuesta renuncia de Lourdes Rosales Martínez como su titular.

A cargo de la corporación está el general José Tlachi Meneses, de quien cuestionó su actuar, por lo que descalificó el trabajo que realiza la dependencia.

Barbosa indicó también que no tiene intención de asumir por la fuerza el control de la Policía capitalina, pero sí de hacerlo en los términos que establezca la Constitución.

La comuna aseguró el lunes que Rosales se mantiene en el cargo de secretaria de Seguridad Ciudadana, aunque ese mismo día se reveló que entregó su carta de renuncia al cargo el 20 de marzo.

SCJN inicia análisis, resalta el ayuntamiento

A través de un comunicado difundido la noche de este martes, la comuna resaltó que la SCJN inició el análisis de la demanda que presentó para revisar si el gobernador tiene o no facultades para hacer nombramientos en la comuna.

El gobierno capitalino indicó que en el análisis del tema, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no se pronunció por remover a Lourdes Rosales de la SSC, ni por nombrar a Carla Morales como titular de la dependencia, pero reconoce que no invalidó el acuerdo por el que el Ejecutivo designó a esta última como delegada de seguridad en la capital.

La comuna indicó que la negación de la suspensión no es determinante para el caso y que este seguirá en análisis por los magistrados de la Corte

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