En la Cámara de Diputados se denunció el acoso judicial contra e-consulta por parte de funcionarios del gobierno estatal emanado de Morena y el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla.

El caso se exhibió como un ejemplo de ataque a la libre expresión y de cómo las autoridades condicionan la transparencia y el acceso a la información de interés público.

En el foro “La transparencia como herramienta para el combate a la corrupción”, el investigador Román Sánchez Zamora señaló que el sistema anticorrupción de Puebla resulta deficiente y en la práctica protege a los servidores públicos.

Al respecto señaló que e-consulta ha evidenciado irregularidades de funcionarios y esto le ha costado cuatro demandas al director del portal, Rodolfo Ruiz Rodríguez.

“En Puebla existe un doble sistema y es un problema, bueno, los que creemos en la libre expresión, tenemos un problema. Rodolfo Ruiz sufre una persecución por la integración de cuatro carpetas de investigación en su contra por cosas que él denunció”, refirió.

“Le imputan que los funcionarios ya están nerviosos (con lo que se ha publicado), que tienen daño a su patrimonio, que su carrera política se vio afectada y ahora le piden 5 millones de pesos por cada uno (20 millones en total), está todo documentado”, agregó.

Las demandas a las que aludió involucran también a El Popular y Datamos, medios que replicaron las publicaciones de e-consulta.

#VIDEO Desde la Cámara de Diputados, @RomansanchezZ , investigador y académico, expuso el caso de acoso contra @periodistasoy y e-consulta por parte de funcionarios y políticos cercanos al gobernador ⁦@MBarbosaMX pic.twitter.com/7KihaeuKvX

— Periódico e-consulta (@e_consulta) March 2, 2020

Funcionarios deben ser juzgados por ciudadanos

Sánchez Zamora sentenció que las demandas no tienen razón de ser porque los servidores públicos están sujetos al escrutinio público y sus acciones deben ser juzgadas por la ciudadanía durante sus gestiones.

“Los funcionarios públicos siempre dicen: que me juzgue la historia y los héroes, pero no, deben ser enjuiciados por las instituciones y nosotros debemos juzgarlos en el presente. Que no estén protegidos por un sistema político”, puntualizó.

Por ello enfatizó la necesidad de fortalecer el sistema nacional anticorrupción y los estatales, comenzando por dotar de autonomía e independencia a las contralorías o secretarías de la Función Pública.

Al recordar que fungió una vez como contralor municipal, urgió a que estos servidores públicos sean electos por la ciudadanía, además de que sus gestiones duren más de tres años (en el caso de los municipios) para que las Contralorías no estén supeditadas al poder en turno y no protejan la corrupción.

En el foro estuvo presente la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (de Morena); Leobardo Rodríguez Juárez, secretario de Administración del ayuntamiento de Puebla y especialistas en transparencia.

Como parte del auditorio se encontraba la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco (de Morena), ya que también participó en el foro.

Las denuncias

Los cuatro juicios contra e-consulta los promueve el mismo grupo de abogados, encabezado por Roberto Morales Torres, que en 2017 defendió al exgobernador de Chiapas y actual cónsul en Orlando, Florida, Juan Sabines, cuando éste demandó al activista Horacio Culebro Borrayas precisamente por “daño moral”.

Una de las querellas la interpuso Yassir Vázquez Hernández, edil de Tuxtla Gutiérrez de 2011 a 2012 y actual subsecretario de Transporte de Puebla, luego de que este medio evidenció que fue sancionado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y acusado de daño patrimonial como edil.

Otra fue interpuesta por Biestro Medinilla, líder del Congreso local y coordinador de los diputados de Morena, quien fue señalado de usar documentos apócrifos para obtener la candidatura a la diputación.

La tercera es el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, solo porque en una columna se recordó que en 2016 un estudiante lo denunció por acoso sexual.

La última es promovida por Juan Pablo Cortés Córdova, subsecretario de Administración del estado y exrepresentante legal de Morena, luego de que se ventilaron anomalías en una licitación de la Secretaría de Salud.