Por lo menos 124.1 millones de pesos fueron desviados entre 2014 y principios de 2019 a través de facturas falsas utilizadas por los Servicios de Salud en Puebla, de acuerdo con una investigación que realizó la organización Impunidad Cero.

La cifra es la séptima más alta a nivel nacional y se ubica en los gobiernos de Rafael Moreno Valle, José Antonio Gali Fayad y del gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido.

Al frente de los Servicios de Salud estuvieron durante ese periodo Salvador Escobedo Zoletto, Arely Sánchez Negrete y Lucía Ojeda Lara.

La investigación “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, analizó a estados e instituciones federales de salud en donde presuntamente operan redes de corrupción que desvían recursos públicos a través de empresas fantasma.

Se “malversaron” en Puebla 124.1 mdp

Según los datos presentados por Impunidad Cero, en Puebla se desviaron 124 millones 179 mil 135 pesos a través de los Servicios de Salud del estado, entre 2014 y el primer trimestre de 2019, debido a la compra de medicamentos con facturas falsas.

La cifra es la séptima más alta entre las secretarías de salud, organismos estatales y nacionales, así como empresas que la agrupación indagó.

El monto más alto se ubica en el Instituto de Salud del Estado de México, con 1 mil 804 millones de pesos; el segundo es el IMSS, con 320.9 millones de pesos; mientras que en el tercer lugar se encuentra el Instituto de Salud de Chiapas, en donde se identificaron 282.8 millones.

En los Servicios de Salud de Oaxaca se registró la cuarta cantidad más alta con 268.8 millones de pesos; mientras que en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. se identificaron 213.7 millones.

Además figura el ISSSTE con 141 millones de pesos.

¿Cómo se desviaron los recursos?

Según Impunidad Cero, los Servicios de Salud de Puebla adquirieron facturas falsas para el pago de bienes, con empresas que se prestaron a esta práctica.

El esquema de contrataciones fue el de adjudicaciones directas o invitaciones cerradas en 82 ocasiones -que permiten invitar a un grupo selecto de cuando menos tres proveedores o contratistas o bien contratar directamente a la empresa “fantasma”-.

“En los contratos que logramos relacionar con facturas falsas constatamos que la mayoría fueron asignados mediante uno de estos dos métodos, para realizar contrataciones a modo”, se indica en el documento.

De acuerdo con la legislación fiscal y penal, tanto las empresas fantasma como los servidores públicos pertenecientes a las instituciones de salud que han utilizado facturas falsas son responsables de los delitos que sancionan esta práctica.

A nivel nacional, se identificaron 23 mil facturas falsas, de las que 20 mil 809 fueron expedidas por 778 empresas fantasma.

Cabe señalar que en el informe no se especifican los nombres de las empresas que figuran en las facturas ni los nombres de los funcionarios que tuvieron a su cargo la autorización.