Por: Isabel Ortega

Xalapa, Ver. - María Inés Núñez Monreal, Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación de Puebla, estado gobernado por Miguel Barbosa Huerta, debe responder a una denuncia penal por el mal manejo de 139 millones de pesos del Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos (Itesco), donde fungió como directora durante el bienio Yunista.

El 21 de noviembre del 2019, 20 días después de que rindió protesta en el gobierno de Morena en Puebla, Zenyazen Roberto Escobar García, titular de la Secretaría de Veracruz, presentó un paquete de 41 denuncias penales contra quien resulte responsable, por el mal manejo de mil 75 millones de pesos en Institutos y Universidades tecnológicas y el propio Colegio de Bachilleres de Veracruz. En el listado aparece el Itesco de desvío de fondos públicos.

El titular de la Secretaría de Educación mencionó a medios de comunicación que había un manejo irregular en los Tecnológicos, pues operaban como órganos autónomos, y detalló que las anomalías detectadas se acumularon desde el año 2013, que incluyen los gobiernos de Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte, y del panista Miguel Ángel Yunes Linares, periodo en el que Núñez Monreal estuvo al frente.  

Además, tiene pendiente de justificar el manejo de más de 3 millones de pesos que gastó en el 2018, según el dictamen de la cuenta pública 2018, aprobada el pasado 18 de febrero por los integrantes de la 65 Legislatura.

El Pleno instruyó al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), iniciar con el proceso de investigación y substanciación para presentar denuncias penales contra quien resulte responsable por el mal manejo de los recursos. Los exfuncionarios del Itesco tendrán una última oportunidad para justificar o reintegrar el dinero que gastaron en la contratación de servicios y compras que hicieron para la institución educativa.

Además, hay una investigación interna por la renuncia y reincorporación de más de 100 trabajadores sindicalizados que fueron liquidados, y regresaron al centro laboral con todos sus derechos, por lo que el debían reintegrar los fondos que les pagaron cuando dejaron de prestar sus servicios.

En los primeros días de diciembre del 2017, el Itesco adquirió una camioneta de lujo, cuando el pago fue observado por el Orfis, reintegró poco más de 480 mil pesos; los dos años retuvo los descuentos que se hizo a los trabajadores por concepto de impuestos, seguridad social y aportaciones al sindicato, lo que también se considera irregular.

Las observaciones pendientes, debe justificar gasto de 3 mdp

Los informes individuales de las Cuentas Públicas 2017 y 2018 revelan irregularidades administrativas, sin embargo, fue el año pasado cuando se detectó un mayor número de deficiencias, incluso, contrató a personas morales que fueron inhabilitadas por el Gobierno de Tabasco en 2013.

Para el 2018, se emitieron seis observaciones por el presunto daño patrimonial de tres millones 385 mil pesos. Y se dará seguimiento, por la vía administrativa, a la emisión de más de una centena de facturas que se entregaron a 11 empresas de Veracruz, Tuxtla Gutiérrez y México por capacitación a maestros, la compra de boletos de avión, uno de ellos a Brasil, y la adquisición de material para la reparación del edificio de la institución.

La auditoría reveló el retraso en la transferencia del impuesto a la nómina del Tecnológico a Sefiplan, la demora obligó a pagar 112 mil pesos adicionales por concepto de recargos y actualizaciones, considerado daño patrimonial, se emitió la observación FP-042/2018/005 DAÑ.

En el caso de la observación FP-042/2018/007 DAÑ, reporta que se pagaron 661 mil 199 pesos, a seis proveedores por la prestación de servicios y compra de alimentos, uniformes deportivos y pagos de servicio de capacitación, pero no se comprobó con bitácoras el cumplimiento de los contratos.

De entre los proveedores esta Gladys Cecilia Bueno Calderón, que tiene domicilio fiscal en Coatzacoalcos; también aparece como proveedor del Gobierno de Tabasco, que en 2013 la incluyó en la lista de empresas o personas morales inhabilitadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas. Para el 2016 aparece en la lista de prestadores de servicio autorizados para ese Estado.

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En el caso de la observación FP-042/2018/009 DAÑ, se pidió reponer 111 mil 969 pesos que se pagaron a las empresas MGM Tecnología de Impresión SA de CV., y Jabere Comercializadora SA de CV, por servicios de comunicación, que no se comprobaron, por lo que se considera daño al erario.

También se observó la emisión de pagos de 12 facturas por un millón 405 mil pesos, en la observación FP-042/2018/011 DAÑ. El dinero se destinó en servicios de capacitación, para la compra de material didáctico, consultoría de negocios, servicios de logística para la preparación de examen de admisión, pago de souvenirs de graduación, así como para servicios de festividad institucional, y de clausura del ciclo escolar.

En todos los casos no se entregaron comprobantes o bitácoras de los servicios pagados, por lo que se considera daño al erario de la institución educativa.

Se señaló la adjudicación directa de un contrato de 436 mil 319 pesos a la firma “Multicleaner Mantenimiento y Comercial, S.A. de C.V.”, por servicios de capacitación en los meses de septiembre y octubre del 2018. No hay constancia de la participación del personal, por lo que se emitió la observación FP-042/2018/012 DAÑ.

Y quedó pendiente de justificar el manejo de 485 mil 627 pesos del Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de Veracruz, que se usaron para el pago de apoyos de proyectos, pago de renta de departamentos, y anticipo de hospedaje a maestros y alumnos becarios, según la observación por presunto daño patrimonial FP-042/2018/014 DAÑ.

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Retiene impuestos en 2018

Otras irregularidades administrativas involucran la retención de más de 27 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta, la nómina, seguridad social, préstamos del Infonavit, cuotas al sindicato y pensión alimenticia, que no se habían trasferido a Sefiplan, el Sat y el IMSS hasta el 31 de diciembre del 2018.

La observación FP-042/2018/010 ADM involucra la emisión de 114 facturas por más de 10 millones de pesos, que se entregaron a 11 empresas o proveedores de México, Tuxtla Gutiérrez, Puebla y Veracruz. El gasto está vinculado a la capacitación a maestros, la compra de boletos de avión, uno de ellos a Brasil, y la compra de material para la reparación del edificio de la institución, que no se justificaron.

Despide y reinstala a una centena de trabajadores, paga liquidación

En febrero del 2019, el director del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (Itesco), Bulmaro Salazar Hernández, planteó ante los medios de comunicación que Núñez Monreal había hecho “maravillas” con los 185 millones de pesos que le asignaron como presupuesto en el 2018.

Para noviembre de ese mismo año, anunció que el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación de Veracruz, investigaba un presunto daño patrimonial cometido por la ex directora del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, María Inés Núñez Monreal en contubernio con profesores sindicalizados de ese plantel.

La investigación involucra a por lo menos cien maestros y a la exdirectora durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. Los profesores habían sido despedidos y liquidados, días después, la Núñez Monreal los reinstaló en sus puestos de trabajo reconociendo su antigüedad.

Al ser reincorporados con todos sus derechos, los maestros debían regresar a Sefiplan el finiquito y compensaciones que recibieron, al no hacerlo incurrieron en un daño patrimonial.

Días después se presentaron 41 denuncias, en las que se incluye al Instituto Tecnológico que administró por dos años Núñez Monreal.

Con 20 días en el encargo se compra camioneta de medio millón de pesos

En 2017, se observó el manejo financiero de un millón 255 mil pesos que se usaron para la compra de una camioneta Xtrail, y por dar un adelanto para la construcción de una barda perimetral del Instituto Tecnológico.

La observación FP-046/2017/004 ADM, detalla que, el área administrativa del tecnológico transfirió 480 mil pesos a la empresa Ginza del Golfo SA de CV., para la compra de una camioneta equipada con aire acondicionado y quema cocos.

El mismo 29 de diciembre del 2017, se ordenó la transferencia de 775 mil pesos a la empresa Altakons, S.A de C.V, por concepto de anticipo del 30 por ciento por trabajos de Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Barda y Zonas Perimetrales, segunda etapa, del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

Tras ser notificados de las observaciones se reintegró el dinero a las cuentas de la institución educativa, sin embargo, el órgano interno de control no dio seguimiento, ni se fincó responsabilidad por el pago irregular.

La observación FP-046/2017/010 ADM, que estaba sujeta a seguimiento para el 2018, detalla que el área administrativa dejó de transferir 25 millones de pesos que descontó a trabajadores por concepto de Impuesto Sobre la Renta a salarios, gravamen retenido por pago de honorarios, por cuotas del IMSS, Infonavit y por el Impuesto sobre Nómina.

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¿Quién es Núñez Monreal?

La hoy funcionaria morenista militó en el PRI hasta el 2016, cuando renunció para ser postulada como candidata a la diputación local por la coalición PAN-PRD, y más tarde se integró al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Contadora de profesión, fue dos veces tesorera del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, también logró una regiduría en la administración del priista Marcos Theurel Cotero, en el periodo 2011-2013.

Tres años después, renunció a la militancia al tricolor y fue postulada como candidata de la coalición PAN-PRD a la diputación local de Coatzacoalcos, elección que perdió contra Amado Cruz Malpica, hoy diputado local quien fue reelecto en 2018.

Tras su derrota en las urnas la oriunda de Zacatecas, Estado natal de Rocío Nahle, Secretaria de Energía, se incorporó a la administración panista como directora del Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos, y fue observada por diversas irregularidades administrativas.

Su paso por el Instituto Tecnológico generó malestar de más de una veintena de trabajadores que se manifestaron en una visita presidencial al sur del Estado, en abril del 2019