La organización Periodistas de Pie condenó la presentación de demandas por daño moral en contra del director del diario e-consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez, al considerar que se trata de una estrategia para inhibir el periodismo y la libertad de expresión en Puebla.

En tanto, el capítulo en Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) condenó que ese tipo de recursos legales se utilicen ante un vacío legal que hay en el estado para regular la defensa de los periodistas ante esas acusaciones.

De acuerdo con la información que Ruiz difundió en su columna “La Corte de los Milagros” de e-consulta, es acusado por daño moral por cuatro personajes cercanos al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Se trata del subsecretario de Movilidad y Transportes, Seth Yassir Vázquez Hernández; el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas; el subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova; y el líder del Congreso local Gabriel Biestro Medinilla. 

Los demandantes tienen al mismo cuerpo de abogados que es representado por Florencio Madariaga Granados y Roberto Morales Torres, hecho que el periodista consideró como una estrategia legal en su contra.

Demandas son una estrategia para inhibir el periodismo

Jade Ramírez Cuevas, coordinadora de Redes y Libertad de Expresión de la agrupación, refirió que este caso es muestra de la relación que habrá entre los medios de comunicación y el gobierno poblano en el resto de la gestión del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista vía telefónica, explicó que la presentación de demandas por daño moral es una práctica cada vez más recurrente entre gobernantes y grupos de poder, que incluso ocupan no solo a colaboradores cercanos para presentarlas, sino también a empresas privadas.

La especialista destacó los casos de los periodistas Sergio Aguayo y Humberto Padgett, sin embargo, mencionó que de las 32 entidades del país, en 21 la legislación local contempla el daño moral tanto en códigos civiles como en penales, pero en ningún estado se debate la eliminación de esa figura.  

Esa situación permite que las demandas se utilicen como instrumentos no solo para inhibir el ejercicio del periodismo y evitar la crítica hacia actores públicos, sino también para dinamitar las finanzas de los medios de comunicación que de por sí son débiles, al solicitarles el pago millonario de indemnizaciones.

La especialista resaltó que, además, los medios de comunicación se enfrentan a una desigual impartición de justicia, pues al ser integrantes de la administración pública quienes presentan las demandas, gozan de un posible tráfico de influencias.

Sobre Puebla, comentó que resulta hasta “ridículo” que Barbosa Huerta busque a través de terceros penalizar a un periodista por daño moral, cuando como gobernante arrastra una imagen cuestionada, al haber participado en un proceso electoral que fue uno de los más señalados a nivel nacional.

Señaló que la agrupación reprueba este tipo de prácticas, pues insistió en que buscan lastimar la labor de los periodistas y evitar la crítica hacia figuras públicas.

Hay un vacío en la legislación poblana

Por su parte Cuauhtémoc Cruz Isidoro, coordinador Académico del capítulo en Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), resaltó que hay un vacío en la legislación poblana que orilla a los periodistas a probar que no incurren en daño moral y no a quienes acusan esta falta.

Explicó que después de que en 2011 el Congreso local realizó reformas a la legislación para retirar del Código Penal el daño moral y concebirlo como una falta civil, los diputados dejaron coja la ley, pues ya no legislaron sobre la imagen de los servidores públicos.

Señaló que la Ciudad de México cuenta con una norma referente a la imagen de los servidores públicos, que obliga a quien acusa daño moral a probarlo y no a quienes son acusados de esa falta.

La Amedi, comentó, expuso esa laguna legal a los legisladores cuando estos eran candidatos en las elecciones de 2018, pero a la fecha el tema no forma parte de su agenda.

El especialista indicó que la estrategia de una lluvia de demandas es una clara intención de coartar la libertad de expresión.