Una red de corrupción afecta los certificados médicos para que los conductores de todos los modos de transporte público puedan obtener o renovar una licencia federal, detectó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El documento médico es necesario para demostrar que los solicitantes están aptos física y sicológicamente para realizar su trabajo, y conducir tráiler, aviones, trenes y barcos, entre otros.

El  certificado para eludir sobre todo exámenes toxicológicos o con menor costo, venía siendo otorgado por 218 clínicas de terceros subrogadas por la SCT, las cuales atendían a 93% de los solicitantes, según una nota del diario El Universal.

Esa práctica representaba para la SCT una fuga de recursos y seguridad de los usuarios en los diferentes modos de transporte, pues en muchas ocasiones los conductores no están aptos para realizar ese trabajo.

La corrupción puede extenderse también a las 49 clínicas que la SCT opera en los diferentes estados de la República, de acuerdo con el diagnóstico de la dependencia.

Para obtener el certificado que avala su buen estado de salud, un conductor de transporte público federal tenía que pagar, hasta diciembre del año pasado, mil 771 pesos, de acuerdo con la tarifa establecida por Comunicaciones y Transportes.

Información de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la SCT (DGPMPT) obtenida por EL UNIVERSAL, muestra que en esas condiciones se tomó la determinación de “revocar los permisos a las clínicas subrogadas” que en 2018 concentraron 333 mil exámenes sicofísicos integrales, con un costo de 588.5 millones de pesos.

Las clínicas propiedad de la SCT participaron con24.3 mil exámenes, con un costo aproximado a los 44.2 millones de pesos.

A  partir del próximo año, la SCT deberá atender en sus propias clínicas a un millón 219 mil 277 usuarios, operadores de los diferentes modos de transporte, los cuales requieren servicios de exámenes médicos.

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