Durante la contratación de equipos contra incendios para unidades médicas del IMSS en Puebla se registraron presuntas irregularidades y violaciones a la ley, denunciaron empresarios.

De acuerdo con documentos oficiales, se trató de dos paquetes por un millón 120 mil pesos que fueron asignados presuntamente de manera irregular por el delegado en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jesús González Izquierdo, y el Jefe de Servicios Administrativos de la delegación, Oscar Selvas Carrola.

El 25 de abril del presente año, el IMSS Puebla publicó las bases de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional para la “Contratación del Servicio de Recarga de Equipos Contra Incendio para las Unidades Médicas de Régimen Ordinario y para el Régimen IMSS Bienestar".

El 13 de mayo, se comunicó el fallo a los licitantes, sin embargo, uno de ellos interpuso recurso de inconformidad por considerar que su propuesta no fue evaluada conforme a derecho.

La queja originó la suspensión de todos los actos inherentes a dicho fallo, es decir la Delegación en Puebla debía mantenerse inmóvil y no podía firmar contrato hasta en tanto el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social resolviera dicho recurso.

Fue hasta octubre cuando el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control determinó -en la resolución número 00641/30.15/8148/2019- que sí hubo diversas irregularidades y se “declaró la nulidad del acta de fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica".

En el documento se ordenó a la Coordinación Delegacional de Equipamiento y Abastecimientos de la Delegación del IMSS en Puebla la emisión de un nuevo procedimiento debidamente fundado y motivado, otorgando 5 días hábiles para tal efecto.

A pesar de ello, fue hasta el 5 de noviembre - prácticamente un mes después que se ordenara la emisión de un nuevo fallo- cuando las autoridades de esa delegación adjudicaron dicho contrato sin reponer el procedimiento.

Empresarios del ramo denunciaron que se vulneró el plazo establecido por el Órgano Interno de Control, con lo cual se violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Acusaron también que diversos funcionarios celebraron contrato con la empresa que en un primer momento resultó adjudicada a pesar que se comprobó que no se habían revisado adecuadamente las otras propuestas.

Foto: Agencia Enfoque