La coalición Juntos Haremos Historia en el Congreso del estado impuso las reformas del gobernador Miguel Barbosa Huerta para empoderar a la Consejería Jurídica y las secretarías, ya que ahora podrán echar abajo actos jurídicos de gobiernos pasados.

Sin permitir cambios a la iniciativa del mandatario, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública durante la sesión ordinaria de este jueves, en medio de acusaciones de ilegalidad por parte de diputados de oposición.

Los cambios se aprobaron con 31 votos a favor de Morena, PT, PES, PVEM y los diputados sin partido, así como seis en contra de los panistas, la priísta Rocío García Olmedo y José Juan Espinosa Torres, del PT.

La modificación más relevante consiste en agregar un párrafo al artículo 15 para que el gobierno pueda revocar actos jurídicos aprobados previamente.

La facultad de revisar y, en su caso, anular hechos consumados, podrá ejercerse tras una denuncia y hasta de oficio, pues la reforma dice:

“La autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte, tendrá la potestad indelegable de reexaminar y, en su caso, anular, invalidar o dejar sin efectos los actos que haya emitido y sean contrarios a derecho o declarar su inexistencia por la ausencia de un elemento esencial del mismo, debiendo en todo caso ordenar las medidas provisionales que estime pertinentes en atención al interés social y al orden público, además de garantizar el derecho de audiencia de las personas que tengan un interés jurídico en que subsista”.

Lo anterior fue criticado por el panista Oswaldo Jiménez López, quien denunció que esta disposición va en contra del artículo 14 constitucional, que habla de la seguridad jurídica.

En tribuna acusó que la facultad será utilizada para continuar la “persecución política” ejercida por el gobernador Miguel Barbosa Huerta contra personajes de gobiernos panistas.

Esto al advertir que ahora será más fácil revertir acciones firmadas por las administraciones pasadas, lo cual va en contra del principio legal de definitividad.

Por eso presentó una moción reformatoria para eliminar del dictamen el párrafo citado antes de la votación, pero su propuesta fue desechada por mayoría de votos de Juntos Haremos Historia.

Refuerzan consejería

Con las reformas también se otorgaron nuevas facultades a la Consejería Jurídica, ya que ahora podrán cancelar permisos y hasta concesiones, igual que una secretaría.

“Tramitar el otorgamiento, expedición, revocación, cancelación y modificación de licencias, autorizaciones, permisos y concesiones, que de acuerdo con la Ley le competan al Gobernador en el respectivo ámbito de competencia de la Secretaría o que estén reservadas a la misma”, dice el artículo 30 del dictamen aprobado.

A la vez tendrá la función de tramitar las remociones que ordene el gobernador, así como las renuncias y licencias de los servidores públicos, incluyendo la del fiscal del estado.

“Tramitar lo relacionado con las propuestas, nombramientos, remociones, renuncias y licencias de las y los servidores públicos de la Administración Pública Estatal que deba suscribir u ordene el Gobernador, así como del Fiscal General del Estado”, indica el artículo 22.

Con el paquete de reformas también se precisaron algunas funciones de la Secretaría de Gobernación y se establecieron las de la Secretaría de Igualdad Sustantiva.

Rechazan modificaciones

García Olmedo y Espinosa Torres presentaron también mociones reformatorias para modificar el dictamen antes de la votación, pero Juntos Haremos Historia las rechazó.

Como la discusión se alargó, a las 3 de la tarde los diputados decidieron cancelar la sesión y ya no se votó la nueva Ley de Hacienda de Barbosa Huerta, con la que se impondrá un impuesto del 3 por ciento a los usuarios de aplicaciones de hospedaje, como Airbnb y Booking, además de que con ella se “revivirá” el Impuesto sobre Juegos con Apuestas, que Barbosa Huerta fijará en una tasa del 6 por ciento.

Foto: Agencia Enfoque