Integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre se manifestaron a las afueras de la Casa de Justicia de la 11 Sur donde se espera que el Poder Judicial del Estado de Puebla determine si actúa o no contra el juez penal de Cholula, Alejandro León Flores, quien durante el morenovallismo procesó a activistas de esa y otras organizaciones sin contar con cédula profesional.

Antes de la audiencia de control, la defensa de Rubén Sarabia Reyna, uno de los afectados con una orden de aprehensión girada por ese juez que no era abogado, explicó que en octubre de 2017 emprendieron una acción jurídica contra el funcionario y el ministerio publico Christian Morales Rojas por irregularidades en el caso.

Sin embargo, el 30 de agosto pasado, el ministerio público a cargo de dar seguimiento a la denuncia del activista, determinó el no ejercicio de la acción penal por no haber encontrado elementos para procesar a los funcionarios públicos.

En la audiencia programada hacia el mediodía de este jueves se espera que se decida si se judicializa o no la denuncia de Sarabia Reyna, luego de lo determinado hace casi dos meses y medio.

El ex preso político emitió un mensaje a sus compañeros de la organización en el que destacó que su encarcelamiento y el de otros cuatro activistas, y el asesinato de su hermana, lograron frenar la lucha social de la UPVA.

A Sarabia Reyna lo detuvieron con violencia el 22 de diciembre de 2014 en la hoy Ciudad de México tras marchar hacia la Secretaría de Gobernación federal, en protesta por el encarcelamiento, tres días antes, de Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, su padre y fundador en 1973 de la UPVA.

Al activista le imputaron delitos relacionados con la comercialización de drogas en el Mercado Hidalgo, que no se comprobaron y permitieron su liberación el 7 de octubre de 2017.