La Secretaría de la Contraloría revocó durante la pasada gubernatura interina las sanciones existentes en contra del ex secretario de Finanzas y Administración, Gerardo Pérez Salazar, y el subsecretario de Obra Pública, Efraín Ruiz Meneses, en el sexenio del ex gobernador Mario Marín Torres. 

Pérez había sido inhabilitado para ocupar cargos públicos por un año por ocultar información de tipo administrativa, mientras que Ruiz enfrentaba una sanción de 12 años por incurrir en presuntos actos de corrupción en la realización de obras públicas.

Karen Berlanga Valdés estaba al frente de la Contraloría cuando se revocaron las sanciones en contra de los ex marinistas. Hoy se desempeña como directora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP). 

Durante la gubernatura interna de Guillermo Pacheco Pulido, retornaron a la administración pública ex colaboradores de Mario Marín como Francisco Montaño, José Luis Márquez, así como el ex líder estatal del PRI Jorge Estefan Chidiac.

Libran sanciones

Según se indica en los expedientes 36/2016 y 05/2016 de los juicios en proceso de la Secretaría de la Función Pública, antes Secretaría de la Contraloría, las revocaciones fueron realizadas el 5 y 14 de febrero pasado, respectivamente, por la entonces coordinadora General Jurídica Sonia Cervantes Tello.

En el expediente 36/2016 correspondiente a Ruiz Meneses, se indica que la revocación de la sanción que éste promovió resultó procedente debido a que la multa le fue impuesta a destiempo.

Según se indica en el documento, la inhabilitación por 12 años fue dictada el 20 de octubre de 2016, bajo el expediente DJCSP-377/2016, e incluía una multa de 12 millones 892 mil 652 pesos.

“… claramente se advierte que al momento en el que fue notificado el recurrente del inicio de procedimiento, ya había operado la prescripción en favor de Efraín Ruiz Meneses… por lo tanto es suficiente para revocar y se revoca la resolución impugnada”.

Hay que señalar que al iniciar el gobierno del exgobernador Rafael Moreno Valle también se giró una orden de aprehensión en contra del exdirector de Obra Pública por incurrir en presuntos actos de corrupción, pero esta no se concretó.

En el caso del expediente 05/2016 que corresponde a Gerardo Pérez, la revocación de la sanción se realizó el 14 de febrero pasado, también por que esta se dictó a destiempo, aunado a que la dependencia no encontró algún daño al erario causado por el exfuncionario. 

La sanción fue establecida el 20 de octubre de 2015 en el expediente 11/2011, debido a que el exsecretario de Finanzas se negó a entregar información sobre un convenio que la administración marinista firmó con la firma Coofia que defraudó a miles de personas, pese a que esta se le requirió a través de la Ley de Transparencia.

Aunque durante el inicio del gobierno morenovallista se especuló sobre una posible orden de aprehensión en contra de Pérez Salazar, esta no existió.

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