Que en Puebla se haya registrado una alternancia de partidos políticos en la mayoría de los gobiernos municipales y el estatal tras la era morenovallista no ha traído mejoras a la libertad de expresión y al contrario, ha dejado nuevos riesgos y saldos, según la perspectiva de activistas defensores.

En ello coincidieron tanto representantes de la organización Artículo 19 y del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Activistas y Periodistas que dan seguimiento a casos de agresiones a comunicadores en el país.

En el caso de Artículo 19 se documentaron en el primer semestre de 2019 un total de 10 agresiones y en lo que va de la segunda parte del año han sumado otros más que darán a conocer en un balance anual de la organización.

En esos registros, detalló Julio César Colín Paredes, hay desde el polémico caso de un comunicador amenazado al denunciar una patrulla estacionada en una banqueta, hasta una tentativa de homicidio, un allanamiento, señalamientos públicos de funcionarios sobre familiares de periodistas investigados y casos de intimidación.

Estos casos, dijo se suman a los 26 acumulados en 2017 y los 45 que se alcanzaron en el año electoral de 2018, aunque ahora con un factor de cambios de gobierno del que se esperaban cambios que no se observan y que deberían resultar en un posicionamiento del gobierno estatal de Luis Miguel Barbosa Huerta.

"Nos parece bastante delicado que el estado que en este momento se encuentra en un momento de alternancia política continúe con la inercia de administraciones anteriores, es importante que el gobierno de Puebla haga una intervención decidida a favor de la libertad de expresión en el estado", dijo en entrevista.

Por su parte Claudia Martínez Sánchez, quien representa al Colectivo Nacional Alerta Temprana de Activistas y Periodistas señaló que en lo que va del año han dado seguimientos a casos de reporteros principalmente agredidos por autoridades municipales.

Entre ellas, detalló, destacan funcionarios de la zona del Triángulo Rojo a quienes por un lado se les vincula con actividades delictivas y que por otro aprovechan sus cargos para presionar a reporteros y medios que hacen publicaciones adversas a sus gestiones.

"Nos encontramos con funcionarios que son agresivos, violentos, incluso que amenazan a los medios de comunicación, que amenazan a los reporteros", dijo.

En su caso, también coincide en que se observa una continuidad de lo que se observó en los años del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, aunque ahora hay una alternancia. 

"Sí hay una confortación muy fuerte muy dura contra quienes en su momento hicieron crítica frente a los medios con el gobierno de Moreno Valle.

"Estamos previendo estamos detectando que nos volvemos a encontrar nuevamente con un sexenio completamente insensible al respeto a la información", explicó.

Además de no haber mejoras, agregó, la situación para los periodistas poblanos en riesgo se ha agravado por decisiones del gobierno federal para incluir a quienes tienen más riesgos y en el pasado formaron parte de protocolos de seguridad.

De acuerdo con Martínez Sánchez, unos 10 comunicadores quedaron fuera y otros más dejaron de usar dispositivos de seguridad como los botones de alerta pues identificaron que las líneas telefónicas vinculados a ellos formaban parte de bases de datos de un banco y compañías telefónicas, es decir que cualquiera podía saber sus nombres y números de teléfonos.

A estos hechos, agregó se suma el cierre de medios por el clima de inseguridad como el que este miércoles dejó sin empleo a unos 15 colaboradores de El Mundo de Tecamachalco y que una decena de activistas contra megaproyectos han sido amenazados en lo que va del año tras ejercer también su derecho a informar irregularidades.

Foto: Archivo