La negativa de un amparo para mil 96 activistas contra la Hidroeléctrica Puebla 1 proyectada en poblaciones del río Ajajalpan en la Sierra Norte interpuesto en 2016, confrontó versiones de opositores y defensores del proyecto.

Se trata de una resolución del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales del Estado de Puebla emitida el pasado 10 de octubre y que todavía les da a los activistas la oportunidad de tramitar una revisión.

El proyecto busca beneficiar a la empresa Deselec 1 - Comexhidro y abastecer de energía eléctrica a sus socios Nueva Wallmart de México, Waldos Dolar Mart, Operadora Vips y Suburbia.

Para la abogada Ana Elena Torres, quien defiende a pobladores de siete comunidades conformes con el proyecto, la resolución del juez Miguel Arroyo Herrera es clara en que uno de los tres municipios demandantes no estará involucrado y que en los otros dos no habrá afectaciones a tradiciones, su agua y su carácter indígena.

Sus representados, agregó en entrevista, esperan que los quejosos tras lo resuelto y que se puedan iniciar obras que ya estarían por concluir si no se hubieran recurrido a recursos legales hace tres años.

El proyecto, agregó, podría generar unos 250 empleos en sus primeros cuatro años de operaciones y aunque la energía generada beneficiará a los socios de una empresa, lo restante será aprovechado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por ende, a la región.

En contraste, el Centro de Análisis e Investigación A.C. Fundar y el Consejo Tiyat Tlali en Defensa del Territorio que acompañan a los mil 96 pobladores que buscan el amparo expusieron que la resolución tuvo irregularidades y que aún pueden recurrir a la revisión.

Mediante un comunicado que se hizo público hoy acusaron señalaron que Arroyo Herrera consideró suficiente una consulta que el gobierno hizo sobre el proyecto en 2015, cuando los proyectos para consolidar el proyecto se comenzaron a entregar desde 2009.

Asimismo critican que la resolución hubiera dejado fuera advertencias de afectaciones como la que reconoció un Peritaje Oficial del Biología e Impacto Ambiental de la Procuraduría General de la República (PGR).

El comunicado de los opositores deja ver que reconocen que todavía tienen la opción de la revisión, la misma podría ser presentada en los 10 días posteriores a notificarles la resolución y la notificación debió realizarse en un plazo máximo de tres días tras la resolución.

Foto: Archivo