La entrega de permisos municipales y estatales para talar una centena de árboles en el Cerro de Amalucan y construir un fraccionamiento de más de mil viviendas, demuestra que la capacidad de resolución y de evaluación de las autoridades fue limitada, de acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

El organismo que la semana pasada difundió las autorizaciones entregadas entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 para el proyecto Lomas de San Juan de la constructora Hogares Edén S.A. de C.V., expuso hoy en un análisis que ambas administraciones debieron considerar diversos riesgos y ordenamientos antes de dar autorizaciones.

De acuerdo con su presidente, Juan José López Hernández, había antecedentes de 1994 que reconocieron al cerro como una reserva de la ciudad; de 2012, en que se catalogaron sus sitios arqueológicos, y los de 2017 en que se le reconoció como un parque, aunque sin formalidad de área protegida.

El ayuntamiento de Puebla debió determinar que un fraccionamiento de esas dimensiones y en ese lugar traería diferentes consecuencias al entorno.

Para autorizar el derribo de árboles, detalló López Hernández, el gobierno de Claudia Rivera Vivanco, que debió ser el primer filtro para el proyecto, sólo se basó en la mitigación con la siembra de nuevos árboles, cuando había otros factores a evaluar como los cambios en la filtración de agua, el flujo vial y los impactos de riesgo que traerá el fraccionamiento.

"Esa parte no la justifica la empresa, pero esta parte ya es tarea de la autoridad municipal que no la ve o que no la quiere analizar. De alguna manera la empresa lo justifica, pero la autoridad municipal sólo se avoca a un indicador, lejos de vincular los demás", dijo.

Como Igavim, agregó, ya solicitaron información que se debió transparentar en el ayuntamiento desde un inicio para conocimiento de la ciudadanía, como el estudio de carbono que generan los árboles de derribo autorizado, el estudio del flujo de lluvia, el impacto social y vial que traerá el proyecto, así como el lugar donde se sembrarán los mil árboles entregados por la constructora.

En el caso del gobierno del estado, se observa que entregaron autorizaciones que validan la factibilidad, basadas en lo que resolvió primero el ayuntamiento y sin considerar riesgos de los que tenía conocimiento.

Junto a la gestión de permisos para el fraccionamiento Lomas de San Juan, explicó López Hernández, el mismo gobierno del estado gestionó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los permisos para un nuevo camino y colector pluvial que permitiera desviar a una barranca agua de lluvia que se acumula en la zona y que genera riesgos.

Con ello, explicó el especialista, la misma autoridad estatal demuestra que tenía conocimiento de que, aún sin la presencia de más de mil nuevas viviendas en Amalucan, este punto de la ciudad era proclive a las inundaciones y requería de soluciones alternas.

Desde el Igavim, dijo, se pronuncian porque estos análisis globales y con participación de la sociedad se realicen antes de la autorización de proyectos con impactos como el de Lomas de San Juan y porque se analicen probables anomalías en este caso sin importar a qué gestión gubernamental pertenecieron las autoridades involucradas.

"Que realmente analicen y vinculen todas las herramientas que existen, tengan en cuenta la experiencia de la propia comunidad y la ciudadanía, así como sus puntos de vista e integren una verdadera resolución.

"No estamos en contra de este tipo de proyectos, sí estamos en contra de las evaluaciones limitadas que hacen la autoridad municipal y la estatal. Independientemente de si es una administración u otra deben  iniciarse los procedimientos administrativos contra quien así lo merezca por anomalías y deficiencias de análisis", comentó.

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