El gobernador Miguel Barbosa Huerta pretende retirar el Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y adherirlo a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El traspaso incluiría el personal, así como recursos materiales y financieros, de acuerdo con la iniciativa que envió al Congreso del estado.

El proyecto de ley será presentado este miércoles durante la sesión ordinaria del pleno y se enviará a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para el análisis antes de su aprobación.

La intención es modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para derogar los artículos referentes al Servicio Médico Forense y, a la vez, reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía para incorporar sus funciones.

El tercer artículo transitorio de la propuesta señala que: “dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado transferirá a la Fiscalía General del Estado de Puebla, los asuntos y recursos humanos, materiales y financieros asignados al Servicio Médico Forense, con la intervención de los órganos internos de control respectivos, de conformidad con la normatividad aplicable”.

El mismo agrega: “el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el apoyo de las dependencias competentes, proveerán, acordarán y resolverán lo necesario para cumplir oportunamente el proceso de transferencia, incluyendo lo relativo a la reorganización de sus estructuras y las adecuaciones presupuestales conducentes conforme a lo dispuesto en la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal que corresponda”.

Funcionará en el traspaso

En el transitorio cuatro se precisa que el servicio funcionará, durante el traspaso, de manera normal.

“El Servicio Médico Forense a cargo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla continuará en funciones durante el proceso de transferencia, a efecto de no suspender la prestación de los servicios respectivos, por lo que los procedimientos y asuntos que con motivo de la entrada en vigor de este Decreto deban pasar del Poder Judicial del Estado a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través del Instituto de Ciencias Forenses, continuarán tramitándose por el Servicio Médico Forense hasta que termine totalmente dicha transferencia y se emita acuerdo de conclusión por el Presidente del Consejo de la Judicatura”.

El artículo posterior indica que “el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla y la Fiscalía General del Estado de Puebla, deberán hacer las gestiones conducentes ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que realice las adecuaciones presupuestales y tome las previsiones necesarias, para su inclusión en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020”.

A continuación, dice que “todo instrumento legal, jurídico o administrativo y norma en sentido formal o material, que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se refiera al Servicio Médico Forense, se entenderá atribuido al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado”.

Con respecto al personal, el transitorio siete afirma que “los derechos y obligaciones contractuales, contraídos por el Servicio Médico Forense, serán atribuidos al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado”.

Para concluir sostiene que “los derechos laborales del personal que, en virtud del proceso de transferencia derivado del presente Decreto, pasen del Poder Judicial del Estado a la Fiscalía General del Estado, se respetarán en términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado”. 

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