La abuela materna del pequeño Steven fue quien se encargó de identificarlo y reclamarlo, para darle debida sepultura mientras la madre y el padrastro del menor de un año y medio de edad, fueron enviados a la cárcel tras haber sido acusados del delito de homicidio simple intencional, ya que la autopsia de ley reveló que el bebé presentaba  20 golpes, entre ellos uno en la cabeza, que lo mató.

De acuerdo con la información vertida por el agente del Ministerio Público, durante la audiencia inicial de carácter público, los ahora detenidos, Jackelin E.M., y Aarón D.M., se conocieron en 2013, durante un baile.

Tras una relación de tres años, decidieron vivir en unión libre en la casa del padre de Aarón, sin embargo, ante el grado de alcoholismo del joven, Jackelin optó por separarse de él.

Para 2018, la mujer resultó embarazada de otro hombre. Tiempo después volvió con Aarón quien aceptó ser el padrastro de Steven y cuidarlo en sus días libres, cuando trabajaba como mesero.

De tal manera, que Jackelin, para poder ir a trabajar en un centro nocturno de San José Los Cerritos en la ciudad de Puebla, dejaba a su pequeño de un año y tres meses de nacido, al cuidado de Aarón.

El pasado 26 de agosto, vecinos de la calle Calvario, dieron aviso al 911, sobre un menor muerto debido a una situación de violencia familiar. Autoridades policiacas de distintas corporaciones se trasladaron al sitio, donde confirmaron el deceso del infante para luego detener tanto a la mamá, como al padrastro.

En audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Puebla, se reveló que el día de los hechos, los dos detenidos se responsabilizaron entre sí, por haber golpeado al menor. De igual manera, se supo que el pequeño presentó 20 lesiones de cabeza a pies y un golpe en la cabeza que fue lo que lo mató.

Ante los hechos, y de acuerdo con la representación social, la abuela materna del bebé, fue quien se encargó de identificar el cuerpo para después reclamarlo y darle sepultura. En tanto, los dos acusados, fueron enviados a prisión, luego de que el juez de la causa decretara legal su arresto y les impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Finalmente, los acusados, a través de su defensor público, solicitaron la duplicidad del término constitucional de 144 horas, para que sea en un segundo acto jurídico en el que se resuelva si será o no vinculados a proceso.

Foto: Agencia Enfoque