Rosario Robles aseguró que sí le avisó a Enrique Peña Nieto sobre las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación descubrió en Sedesol y Sedatu.

El 8 de agosto, Rosario Robles compareció en la primera audiencia y se le acusó de ejercicio indebido del servicio público.

Se asegura que las omisiones en las que Rosario Robles incurrió le provocaron al erario un daño de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.

La defensa de Rosario Robles indicó que ella se comunicó por la línea roja para comunicarle las afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación y en las reuniones que Enrique Peña Nieto realizaba con su gabinete.

“Sí le puse en conocimiento al ex presidente Enrique Peña Nieto a través de la línea roja. La forma de comunicación era mediante la red federal y en las reuniones de gabinete”.

Rosario Robles, ex titular de Sedesol, se presentó a la audiencia en la que se podría decidir si se le vincula a proceso.

Aunque el juez la vinculara a proceso, Rosario Robles seguiría en libertad, porque el delito por el que se le acusa no amerita prisión preventiva.

El lunes 29 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que intentaría imputar a Rosario Robles, ex titular de Sedesol por el caso conocido como la Estafa Maestra.

En un documento que circuló en redes sociales se indicó que a Rosario Robles se le acusa del delito de ejercicio indebido del servicio público.

El martes 5 de agosto de 2017, los portales Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad difundieron un reportaje en el que denunciaron que las dependencias federales diseñaron un esquema financiero para desviar en sólo un año 3 mil 433 millones de pesos.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que Sedesol, Banobras y Pemex entregaron recursos federales a universidades estatales a cambio de servicios que nunca prestaron, sino que se los entregaron a empresas fantasma.

El gobierno les dio dinero a las universidades a cambio de que entregaran despensas, supervisaran pozos petroleros y hasta para que detectaran personas que requirieran alfabetización.

La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que las universidades recibieron por esos servicios que no prestaron, mil millones de pesos.

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