La Corte de Justicia rechazó las controversias constitucionales que presentaron Tijuana y Mexicali en contra de la ampliación de mandato de Jaime Bonilla Valdez, porque las consideró improcedentes.

Los ministros indicaron que las controversias constitucionales que presentaron Tijuana y Mexicali son improcedentes, porque se promovieron en contra de actos que no son definitivos, que deriven de un procedimiento legislativo concluido.

“Con fundamento en lo previsto en los artículos 56 y 58 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y atendiendo a la jurisprudencia que el Pleno de la Suprema de Justicia de la Nación ha establecido respecto de la procedencia de la controversia constitucional, se desecharon por notoria improcedencia al haber sido promovidas en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que el rechazo a estas dos controversias no significa que no se puedan presentar impugnacionesdiversas.

“Lo anterior, no prejuzga la admisibilidad de medios de impugnación diversos, o eventuales”.

El martes 24 de julio, el Congreso de Baja California realizó una sesión extraordinaria a puerta cerrada en el ayuntamiento de Playas de Rosarito y aprobó la ampliación de mandato, de 2 a 5 años, de Jaime Bonilla Valdez.

Los legisladores reformaron el artículo 8 transitorio de la Constitución Política del estado de Baja California y determinaron que el periodo de gobierno deJaime Bonilla Valdez comenzará el 1 de noviembre de 2019 y terminará el 21 de octubre de 2024.

“Para efectos de la concurrencia de la elección de la gubernatura del estado con el proceso electoral federal de 2024, la gubernatura electa en el proceso electoral de 2019 iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 21 de octubre de 2024”.

Eva María Vázquez, diputada del PAN en Baja California, le dijo al periodista Leonardo Curzio que la convocatoria del Congreso fue ilegal.

Aseguró que originalmente los legisladores fueron citados para responder al exhorto que les realizó el Congreso de la Unión para que no aprobaran la reforma, pero que se cambió la finalidad de la reunión y que se acordó aprobar la ampliación de mandato en Baja California.

Indicó que, aunque la iniciativa no está publicada, aunque Francisco Vega, gobernador de Baja California, se niegue a publicarla, el Congreso tendrá facultades para publicarla y poner en marcha la ampliación de mandato.

“Se está declarando la procedencia de esta iniciativa ilegal que busca el cambio del periodo de la gubernatura de dos a cinco años. No he sido partícipe de nada de esto y es una situación muy lamentable”.

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