El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla pidió que los tres candidatos a la gubernatura fijen una posición y compromisos ante los 402 presos políticos de las últimas dos administraciones panistas y los 53 del marinismo que todavía arrastra la entidad.

Entre los compromisos enlistados por el Comité para que sean firmados por los candidatos, incluyó la suspensión de investigaciones, se subsanen daños, se modifiquen leyes polémicas y se garantice el diálogo con la disidencia.

En el caso de los daños, la vocera de la organización, Carolina González Barranco, puso como ejemplo esquemas relacionados con el perdón, como los que ya se han observado en algunos casos de índole federal y en el gobierno de la Ciudad de México.

"Entre ellas, el pedir perdón a nombre del estado libre y soberano de Puebla y, en su caso, compensar de manera pertinente los agravios perpetrados por aquella administración", mencionó.

También exigen someter a revisión aquellas leyes que originaron la inconformidad social durante la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y que estuvieron relacionadas con actos represivos con Antonio Gali Fayad, tales como “la Ley de Expropiación Exprés, la Ley Orgánica Municipal y la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítima de la Fuerza Pública, conocida como la Ley Bala y otras", agregó.

Si bien no compete directamente al gobierno del estado, comentó González Barranco, sí esperan que el próximo gobernador de Puebla incida en terminar con las malas prácticas que han rodeado al Poder Judicial en el estado.

González Barranco criticó también que en la Fiscalía General del Estado (FGE) se hayan especializado en actuar contra de los perseguidos y denunció irregularidades en la actuación de magistrados y jueces.

Foto Agencia Enfoque