El Congreso de Puebla adjudicará de forma directa o por invitación el contrato para el servicio de seguridad privada luego de que la licitación pública nacional se declaró desierta porque ninguna de las tres empresas que concursaron cumplió con los requisitos.

En sesión del Comité de Adquisiciones realizada este viernes, se rechazó la única propuesta económica finalista, que era de 1 millón 514 mil pesos y correspondía a la empresa SEPRO Seguridad Privada.

Esto debido a que rebasaba el techo presupuestal fijado en 1 millón 34 mil pesos, mientras que ya no se consideraron las propuestas de las otras dos empresas porque fueron descalificadas el miércoles por no cumplir con toda la documentación.

Seguridad y Protección Industrial y Ejecutiva (SPIE), que actualmente presta el servicio de seguridad, se inscribió para concursar en la licitación con una propuesta económica de 1 millón 24 mil pesos.

Con ella se habrían pagado 113 mil 800 pesos al mes, pero la Contraloría solicitó desechar su cotización por las omisiones en sus documentos.

Control Integral en Seguridad Privada (CISP) también fue descalificada porque sus propuestas legales y técnicas estaban incompletas, así que ya ni siquiera se abrió la económica.

Licitación contemplaba adjudicación

Fue así que durante la sesión del comité, Karina Vázquez Díaz, directora de Administración y Finanzas,anunció que no habrá otra licitación, sino que el contrato para el servicio se adjudicará de manera directa o por invitación, luego de convocar a un mínimo de tres empresas.

Esto al referir que así lo establecía la propia licitación en el primer párrafo del numeral 82, así que la próxima semana se decidirá el proceso a seguir.

Lo anterior desató críticas por parte de José Juan Espinosa Torres, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT), quien denunció que con esto se buscará “torcer la ley” para favorecer a una empresa en especial, ya que lo correcto era repetir el procedimiento.

Aseveró que la licitación se declaró desierta también por errores de Vázquez Díaz y Paz Griselda Leticia Jiménez López, ya que en la convocatoria no se estableció que las empresas tenían que presentar el permiso que otorga la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Aseguró que si se daba el contrato a alguna empresa con esa omisión, el Congreso enfrentaría problemas legales, así que por eso se habría decidido cancelar la licitación.

Por ello exigió la destitución de ambas funcionarias por “incompetentes” y denunció que su puesto lo obtuvieron por recomendación de Gabriel Biestro Medinilla, presidente del Congreso del estado y coordinador parlamentario de Morena.

Espinosa Torres enfrenta en la Contraloría denuncias de Vázquez Díaz y Jiménez López, que acusaron violencia de género del también exalcalde de San Pedro Cholula.

Foto: Agencia Enfoque