Aunque se han tomado medidas para evitar la discriminación racial, presente en todos los países, esta problemática sigue latente. México cuenta con mecanismos legales que la prohíben y castigan, pero la ley ha sido laxa.

Las razones: la falta de una cultura ciudadana de la denuncia para evidenciar estos actos, y la incapacidad de las autoridades para acreditar la queja como delito, pues se persigue por querella, no por oficio, afirmó Francisco Javier Galicia Campos, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

El penalista indicó que en nuestro país el artículo primero constitucional establece el derecho fundamental a la no discriminación, y obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar si se presenta; y gracias a la exigencia social, en 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

No obstante, 12 de los 32 estados –Baja California, Campeche, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas– no tienen tipificada la discriminación racial como delito (de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred).

En la Ciudad de México, si un individuo incurre en conductas de este tipo, la ley impone una pena alternativa: prisión de uno a tres años, o de 10 a 25 días de trabajo en favor de la comunidad y multa.

El 21 de marzo se designó como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial para recordar los hechos violentos contra un grupo de ciudadanos negros que se manifestaban de forma pacífica contra la segregación racial, conocida como Apartheid, en Sharpeville, Sudáfrica, en 1960.

Tras la muerte de al menos 69 personas y 100 heridos, la Asamblea General de la ONU instó a la comunidad internacional a eliminar todas las formas de discriminación racial.

ICERD

La Convención Internacional sobre toda forma de discriminación racial (ICERD) es uno de los principales tratados internacionales dirigidos explícitamente a la eliminación de la discriminación racial.

Conformada por 174 Estados parte y adoptada en 1965, la ICERD consta de 25 artículos y una serie de recomendaciones generarles para dar solución de este problema. Al ser señalado como país racista, el gobierno mexicano decidió ratificar este convenio en 2002.

La convención da voz a la sociedad civil, por lo que se convierte en una herramienta útil para hacer valer sus derechos.

Como sociedad civil debemos pronunciarnos contra estas conductas, y en la academia nos corresponde difundir una cultura de la no discriminación, concluyó Galicia Campos.

Desde hace años, El IIJ imparte un diplomado sobre el derecho a la no discriminación.

Dirigido a servidores públicos, investigadores, activistas en derechos humanos, miembros de organizaciones sociales y civiles, así como estudiantes de licenciatura de diversa áreas, el diplomado pretende dotar a los participantes de las herramientas necesarias para la investigación, protección y promoción del derecho a la no discriminación, desde sus respectivas funciones y actividades.

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Fuente UNAM