El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría exigió a las nuevas autoridades estatales y municipales el respeto a los derechos humanos y la cancelación inmediata de los llamados proyectos de muerte que afectan a comunidades indígenas. 

A través de un comunicado hicieron un llamado a la Fiscalía del Estado para agotar todas las líneas de investigación respecto al asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, activista opositor a los proyectos de muerte en Cuetzalan, y no señalar a priori que se trató de un asunto personal.  

El organismo anunció que publicará en enero próximo un informe detallado sobre violaciones al derecho al agua, al medio ambiente y al territorio en los municipios indígenas de Tepatlán, Ahuacatlán, Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan y Tetela de Ocampo durante los sexenios de Enrique Peña Nietoy de Rafael Moreno Valle Rosas. 

Exigen esclarecer asesinatos

El Instituto Ignacio Ellacuría exigió esclarecimiento y justicia respecto los asesinatos de activistas en el estado durante el periodo de Rafael Moreno Valle, así como un alto al acoso y criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos.

Subrayaron la necesidad de cancelar inmediatamente los proyectos extractivos y de infraestructura que afectan a las comunidades indígenas. 

Al respecto propusieron la prevención y abordar los riesgos del involucramiento del sector privado en violaciones a los derechos a la tierra, al territorio, al uso y disfrute de los recursos naturales, al nivel de vida adecuado, a la salud y a la alimentación.

“Asegurar la protección de los derechos humanos en todo tratado de inversión, comercial y de libre comercio y en sus renegociaciones, modernizaciones, relanzamientos, reformas y actualizaciones como primera motivación para la realización de los mismos, conteniendo las respectivas salvaguardas”.

También pidieron a las autoridades estatales y municipales que cumplan con su obligación  de proteger, garantizar y prevenir violaciones a los derechos humanos, y se abstengan de actuar como promotores de proyectos extractivos. 

Propusieron que la Profepa, la Semarnat, la Conagua, la CNDH y CEDH, según su competencia, y la Secretaría de Economía investiguen rigurosamente las irregularidades administrativas y violaciones a derechos humanos documentadas y actúen para evitar que se sigan produciendo. 

Asimismo, exigieron poner fin al proceso de privatización del agua en la entidad, punto en el que anunciaron una serie de acciones colectivas. 

Moreno Valle y Gali privilegiaron intereses económicos

Los activistas denunciaron que durante los periodos de José Antonio Gali y Rafael Moreno Valle y del ex presidente Enrique Peña Nieto se privilegiaron los intereses económicos del gran capital sobre los derechos humanos. 

“Lo que contrajo graves consecuencias y dolor para muchas familias y comunidades. A causa de esos actos y omisiones es necesario exigir justicia y reparar integralmente a las víctimas. La responsabilidad de garantizar los derechos humanos recae ahora en los gobiernos entrantes”. 

“Nos negamos a someternos como esclavos a las grandes empresas, nos oponemos al despojo, a la privatización y mercantilización de la tierra y el agua. Demandamos la creación de condiciones para reactivar la producción agropecuaria, los mercados locales y regionales”.

En enero próximo el Instituto publicará un informe sobre los casos de violaciones al derecho al agua, al medio ambiente y al territorio en los municipios indígenas de Tepatlán, Ahuacatlán, Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan y Tetela de Ocampo en la sierra norte y nororientalpor la imposición de proyectos extractivos mineros e hidroeléctricos. 

También documentarán violaciones al derecho al agua en los municipios de Atlixco y Ocotepec; violaciones por los intentos de construir el libramiento norte Puebla-Tlaxcala y la explosión del ducto de Pemex en San Martín Texmelucan.

“Parte esencial del informe es la documentación de la criminalización a defensores en diferentes lugares del estado, siendo los casos más graves los asesinatos de los defensores Antonio Esteban en 2014 y de Manuel Gaspar en 2018 en el municipio de Cuetzalan”. 

Piden objetividad a la Fiscalía

En otro tema, el Instituto Ignacio Ellacuría exigió al fiscal Gilberto Higuera Bernal objetividad en sus declaraciones respecto a la detención de un presunto responsable del homicidio del defensor Manuel Gaspar Rodríguez.

“Hacemos un llamado la Fiscalía a conducirse con objetividad en el proceso de investigación. Recalcamos que su obligación es agotar todas las líneas de investigación y no descartar a priori, que su muerte estuviera relacionada con su labor de defensa de los derechos humanos, señalando desde ahora que el móvil era un asunto personal”. 

Señalaron la importancia de que se retome la investigación sobre el activismo y la labor de defensa de los derechos humanos de Gaspar Rodríguez en el contexto de la defensa del territorio, ya que su labor de defensor afectó intereses privados y públicos.