El diputado federal de Morena, David Bautista Rivera busca poner fin a la “explotación descarada” de recursos naturales en la Sierra Norte de Puebla, por lo que desde el Palacio Legislativo de San Lázaro impulsa un punto de acuerdo en el que exhorta al Gobierno Federal suspenda todas las concesiones en esta región.

El representante por Puebla denunció que las concesiones a las empresas como grupo Ferrominero. SA de CV, Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha, SA de CV, José Humberto Canal Castellanos y Socio, Real de Gemas SA de C, así como Víctor Manuel Animas Arellano, “al llevar a cabo sus actividades, violan los derechos a la propiedad, la salud, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente saludable, derecho de los pueblos a la paz, derecho de los pueblos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales y derecho de los pueblos a la autodeterminación”.

Deploró que Puebla sea uno de los principales destinos para empresas transnacionales que “llegan, expropian, explotan y deterioran las condiciones de vida y el ecosistema poblano”.

Señaló que estas acciones afectan directamente a los habitantes de la Sierra Norte de Puebla, en concreto a quienes se encuentran en municipios comoHueyapan, Tlatauquitepec, Teziutlán, Zaragoza, Cuetzalan del Progreso, mismos que se reconocen como municipios con población mayoritariamente indígena.

Lamentó que el actual sistema económico, aunado a la reforma energética implementada en 2014, permita la implementación de “Proyectos de muerte”, tales como minería a cielo abierto, hidroeléctricas, gasoductos, parques eólicos, parques geotérmicos, y los pozos de explotación de fracking.

Recordó que, en 2012, la minera Autlán SA de CV, requirió ante la Secretaría de Medio Ambiente y de Economía el uso de suelo en la Sierra Norte, para realizar exploraciones en terrenos ubicados en la zona limítrofe de Cuetzalan y Zautla.

Refirió que, aunque en un principio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso para la instalación del proyecto “El Aretón”, a fines de 2013 este proyecto de exploración fue aprobado.

Bautista Rivera advirtió que la actividad minera amenaza a la Reserva de Bosque Mesófilo de Montaña la más grande de la Sierra Nororiental Poblana.

Resaltó que Puebla es conocida en el país por su amplia diversidad cultural, así como por ser un estado con un extenso ecosistema vegetal y natural, que es deseado y anhelado por grandes empresarios nacionales y extranjeros por su alta riqueza natural.

De igual forma, el legislador poblano exhortó al gobierno federal para que asuma las conclusiones del estudio técnico que realizó el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, que permitió identificar 53 zonas de atención territorial, con los riesgos que representa para la comunidad el hacer un uso indebido de las mismas.

También pidió al alcalde entrante de Tlatlauquitepec, Puebla, defienda a los ciudadanos que han sido afectados en sus derechos humanos por las concesiones a las empresas como Grupo Ferrominero SA de CV, Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha SA de CV, José Humberto Canal Castellanos y Socio, Real de Gemas, SA de C, Víctor Manuel Ánimas Arellano, entre otras.

De acuerdo en el artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a que estos sean consultados acerca de ese tipo de inversiones en sus localidades.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas, razón suficiente para la procedencia de la aplicación de la consulta en situaciones como: la pérdida de territorios y tierra tradicional; el desalojo de sus tierras; el posible reasentamiento; el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; la desorganización social y comunitaria; y los impactos negativos sanitarios y nutricionales.

Además, el artículo segundo de la Carta Magna establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.

Esto implica, determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

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