La Suprema Corte aceptó a trámite un recurso de anticonstitucionalidad en contra de la ley que impide que los funcionarios ganen más que el presidente.

El ministro Alberto Pérez Dayán será el encargado de analizar el caso y presentará un proyecto de sentencia que será votado en el pleno de la SupremaCorte.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos y solicitó que la Suprema Corteanalice si es legal que funcionarios ganen más que el presidente.

Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno sería austero y que como presidente ganaría 108 mil pesos mensuales. Precisó que prohibiría que los funcionaros ganaran más que el presidente.

El miércoles 31 de octubre, se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que eliminó la pensión a los ex presidentes y prohíbeque los funcionarios ganen más que el presidente de la república. En la ley se explica que quienes no acaten las disposiciones se harán acreedores de sanciones que podrían llegar a ser graves.

Sonia Rojas Castro, magistrada del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, presentó un recurso para evitar que su sueldo sea menor que el del presidente de la república.

El jueves 22 de noviembre, un juez federal le concedió a la magistrada Sonia Rojas Castro una sentencia provisional para que no se le reduzca el sueldo.

El juez argumentó que concedió la suspensión provisional porque si le negaba la medida le haría un daño a la sociedad.

“Entonces, al ponderar la afectación que la quejosa pretende evitar (vertiente objetiva) y el bien tutelado de la sociedad, se obtiene que de negarse la medida cautelar se ocasionaría un daño mayor a la sociedad que con el otorgamiento de la misma”.

Indicó que si negaba la suspensión atentaría en contra del principio de independencia del Poder Judicial.

“Lo anterior, ya que de negarse la suspensión, previsiblemente, se atentaría contra el principio de independencia del Poder Judicial, considerado como una garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, ello además en trasgresión directa al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia”.

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