Generar un ordenamiento que supla a la llamada Ley Bala y no sólo que se opte por su abrogación, es la propuesta que Enrique Cárdenas  Sánchez presentó al Congreso del Estado, tras analizar las observaciones que el gobernador Antonio Gali Fayad envió  al legislativo.

Al acudir a la sede del Congreso, el ex rector de la UDLAP precisó que como parte del análisis que junto con un grupo de académicos realizó de los vetos hechos por el ejecutivo, se consideró que la mejor opción para regular el uso de la fuerza pública en situaciones como las protestas ciudadanas, es que se cuente con una ley en la que se sustenten los protocolos de actuación de los elementos de seguridad.

El académico manifestó que si bien la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso de la fuerza pública, conocida como Ley Bala,  contraviene los derechos humanos y se deben realizar reformas, no se debe abrogar y dejar sin un marco regulatorio la actuación de los cuerpos policiacos.

“La Ley Bala no se tenía por qué haber abrogado en su conjunto; se necesita una ley de esa naturaleza. Y se conmina a que, si se va a hacer una ley, (que) se haga con el análisis de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado; hacer las revisiones con los especialistas, con víctimas, con policías (y) tienen que participar también en la redacción. Muchos municipios no tienen manera de tener los lineamientos adecuados en el uso de la fuerza; la ley  actual tiene problemas, contraviene los derechos humanos. Sí habría que hacer modificaciones importantes a esa ley pero no necesariamente abrogarla.

Además de analizar el veto a la Ley Bala, Cárdenas Sánchez detalló que también se revisaron las observaciones hechas a los dictámenes de la reforma al artículo 16 de la  Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, al artículo 52 de la Ley Orgánica  Municipal  y la derogación los artículos 143 Bis, 143 Ter, 143 Quáter y 143 Quinquies de la Ley de Protección al Ambiente Natural y  Desarrollo Sustentable.

De la reforma hecha a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el académico respaldó el dictamen del Congreso, y señaló que el no permitir que el legislativo participe en el proceso de designación del Fiscal General implica un “fraude”.

Entre las sugerencias hechas a los diputados -precisó- está la de que se haga una diferenciación entre ausencias temporales y definitivas, así como que se tiene que fijar el periodo de duración del encargado de despacho.

En cuanto a los cambios hechos a la Ley de Protección al Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable,  el análisis que entregó al legislativo refiere que se invade la jurisdicción de los ayuntamientos al no permitir que sean ellos los que expidan la licencias para la colocación de anuncios espectaculares.

En la reforma a la Ley Orgánica Municipal, para la designación de los presidentes municipales, también se invadió la autonomía de los ayuntamientos, señaló.

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