Vecinos organizados en el grupo Unión Pro-Vivero Santa Cruz denunciaron que este día detectaron hoy tala clandestina en el inmueble donde la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) clausuró permisos para un particular a finales de septiembre.

De acuerdo con los colonos, desde la parte perimetral del predio ubicado en la calzada Zavaleta y el bulevar Forjadores, pudieron detectar la tala de ramas, el corte de las mismas en trozos y que el material fue depositado a la orilla del río.

Identificar cuántos árboles han sido talados mediante actividades similares a las de hoy, dijeron,  es complicado pues se trata de un predio privado al que no se tiene entrada.

El ingreso de trabajadores con machetes se realizó por uno de los dos accesos que dan al río y pese a que hay vigilancia de una patrulla del ayuntamiento de Cuautlancingo.

Al cuestionar al uniformado a cargo, indicó que se encuentra ahí para vigilar los sellos colocados por el gobierno del estado, mientras que el inmueble cuenta con ocho entradas distintas.

Tras las primeras talas registradas en octubre que el particular Pedro Macisse Jacobo justificó con permisos de Cuautlancingo, vecinos de colonias aledañas se agruparon en la Unión Pro-Vivero Santa Cruz.

Primero lograron que la administración estatal clausurara los permisos, que el ex edil Felix Casiano Tlahque explicara la situación y que se involucrara la comuna poblana, aunque se atravesó el cambio de los gobiernos municipales.

El día de ayer sostuvieron una reunión con el regidor de Puebla, Roberto Elí Esponda Islas, quien preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para entregarle 72 mil firmas de defensores del vivero y para conocer la situación legal del predio, según registros de la capital.

El ayuntamiento reconoce que ese espacio se encuentra dentro de su territorio, que se tiene un adeudo de 2 millones de pesos de impuesto predial y que no cuenta con un uso de suelo que permita de tala y explotación del espacio.

De las autoridades de Puebla, Cuautlancingo e incluso de San Pedro Cholula que también ha llegado a cobrar impuestos en ese predio, los vecinos esperan un acuerdo de reconocimiento como parte de territorio poblano a fin de que la administración de Claudia Rivera Vivanco pueda protegerlo y convertirlo en área verde pública.

El ayuntamiento capitalino podría adquirir el terreno en un proceso expropiatorio por una suma cercana a los 70 millones de pesos, pues no cuenta con un uso de suelo que permita su aprovechamiento.

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