Entre los años 2005 y 2017, el trabajo del hogar se caracterizó por tener menores ingresos respecto a otras ocupaciones, jornadas de trabajo más largas, falta de contratos, bajos niveles de escolaridad y altas tasas de informalidad, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

El libro titulado “El trabajo del hogar remunerado en México. Situación actual y propuesta para su formalización laboral”, revela que en nuestro país existen 2.2 millones de personas ocupadas en el trabajo del hogar, de las cuales 2.09 millones son mujeres (91.1%) y 0.2 millones son hombres (8.9%).

La obra refiere que hasta el año 2017, el ingreso promedio de las personas trabajadoras del hogar era de 2,637 pesos mensuales, el cual resultaba inferior al de otras actividades económicas. Además, existe una brecha salarial de género, pues los hombres que se dedican a esta actividad ganaban en promedio 3,957 pesos mensuales, mientras que las mujeres percibían 2,542 pesos al mes.

El IBD apunta que, entre 2005 y 2017, la tasa promedio de informalidad del trabajo del hogar fue de poco más del doble respecto al total de trabajadores subordinados y remunerados, y para las mujeres fue de casi tres veces. A ello se suma que casi la totalidad de las personas trabajadoras del hogar carecen de un contrato (98%).

Estas condiciones, apunta el Instituto, hacen del trabajo del hogar una de las ocupaciones más vulnerables de la economía.

Ante este panorama, la obra del IBD plantea algunas recomendaciones para proteger los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, entre ellas, la ratificación del Convenio 189 de la OIT, para que el Estado mexicano adquiera el compromiso de modificar el cuerpo legal que regula al trabajo del hogar en nuestro país.

Adicionalmente, el estudio propone realizar diversas reformas a las Leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, con el objeto de hacer obligatorias las aportaciones para el fondo de vivienda, incorporar a las y los trabajadores al Seguro Social, adoptar reglas de integración de salario acordes al tipo de trabajo, entre otras medidas.

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