El Poder Judicial del Estado de Puebla, continúa fortaleciéndose en el pleno ejercicio de los Derechos Humanos e Igualdad de Género, como respuesta a estas acciones, el TSJ recibió la invitación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y del Instituto Nacional de las Mujeres para asistir a la “Reunión Nacional de Enlaces de las Unidades de Género”, celebrada en días anteriores en Saltillo, Coahuila.

El objetivo de esta reunión nacional es identificar los retos que enfrentan los Poderes Judiciales en materia de género, así como dar inicio a los trabajos de generación del Programa Nacional 2018-2020 de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la CONATRIB.

La Magistrada Marcela Martínez Morales, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial, asistió a tan importante reunión, lo anterior para compartir experiencias entre los estados asistentes, en las mesas de trabajo en los rubros de: ¿Qué sabemos del acceso de las mujeres a la justicia en materia familiar?, ¿Qué sabemos de los protocolos de atención e investigación con perspectiva de género? Y ¿Qué sabemos de las órdenes de protección y su procedimiento?

En dicha reunión se llevó a cabo el “Primer Conversatorio Nacional de Procuración y Administración de Justicia en Materia de Género: Qué sabemos y qué no de la violencia en contra de las mujeres”, en la que se contó con la participación de Claudia Indira Contreras Córdova Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género del Estado de Sonora, Dulce María Silva de la Miyar Fiscal Especializada en Atención de Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, así como de las panelistas Laura Karina Ramírez Jiménez Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Hidalgo, Nayeli Sánchez Macías Coordinadora de Género y Justicia de UNODC en México, Edna Teresa Guzmán Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, entre otras.

De esta manera las instituciones del país refrendan su compromiso de garantizar el acceso a la justicia plena, sin discriminación y sin prejuicios, reconociendo que la transversalización de la perspectiva de género es necesaria para que en el ejercicio de impartir justicia las y los juzgadores emitan resoluciones libres de estereotipos.

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