Para especialistas en derecho constitucional, el linchamiento de dos hombres inocentes ocurrido en Acatlán el miércoles pasado, es consecuencia del déficit de 700 agentes del Ministerio Público (MP) en el estado, como mínimo,  y del trabajo de los actuales funcionarios bajo condiciones de falta de capacitación y de recursos.

Así lo sostuvieron integrantes del Movimiento Nacional Constitucionalista y el Ilustre Colegio Nacional de Abogados Constitucionalistas, que aseguran que sin cambios por parte del Estado, el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio está condenado al fracaso.

En la anterior administración estatal, recordó el especialsita Raymundo Reyes Escobar, dejaron de laborar más de 800 agentes del MP y aunque se han hecho nuevas contrataciones, como los 102 casos de hace aproximadamente un mes, no son suficientes.

El cambio, agregó, implicó también un reordenamiento de las 26 regiones en que se dividía el estado, a cinco, que han resultado insuficientes, de acuerdo con lo que se observa en las denuncias.

En el caso de la zona metropolitana se pueden levantar denuncias sólo en las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y en las oficinas del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), puso como ejemplo Reyes Escobar.

Además de reducirse las opciones de denuncia, las investigaciones comienzan a realizarse hasta dos meses después y eso lleva a la ciudadanía a desistir e incluso buscar justicia por otros medios.

"Si no tienen una respuesta de apoyo, en este caso de la Fiscalía, de los jueces al presentar sus denuncias, entonces lo que hacen ellos es hacer a un lado a las autoridades y hacen justicia por su propia mano.

"¿Qué es lo que proponemos nosotros? Decimos que, en primer lugar, el fracaso en Puebla del sistema de justicia penal se debe a que redujeron las agencias del Ministerio Público y todas las basaron en cinco regiones", dijo.

Por otro lado, agregó, está la falta de recursos con los que trabajan los agentes que actualmente pertenecen a la FGE y que van desde la capacitación deficiente, hasta la falta de personal, insumos e infraestructura.

"Tenemos ya 10 años con este sistema y les falta capacitación, uno; les falta personal: los auxiliares que se permiten y escribientes; están despachando en un cubículo de dos por dos, o sea, les falta espacio físico; falta inversión por parte del Estado para que realmente funcione este sistema, si no, estamos en el fracaso", comentó.

Las razones que llevaron al Estado a adelgazar el aparato de justicia en Puebla, explicó Reyes Ecobar, pudieron tener relación con intereses económicos que incluso incluyen el proyecto a futuro de la privatización de penales.

Foto Agencia Enfoque