Guillermo Ramos Pérez, juez de lo civil con sede en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, es acusado de violar los derechos de una pequeña de cuatro años y de su madre Rebeca Díaz Páez, al entregar a Carlos Galli (residente italiano y padre de la menor) a la pequeña, esto pese a que no es él quien tienen la custodia, violando los acuerdos de convivencia y preceptos jurídicos establecidos.

Galli, además de no entregar en tiempo y forma a la pequeña tras el periodo de convivencia estipulado por el juez, sustrajo a la niña del estado de Puebla y la llevó a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, sin autorización ni consentimiento de la madre.

Por lo anterior, el pasado 25 de agosto Díaz Páez interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la sustracción ilegal de la menor, la cual quedó asentada con el número CEDH-961/2018.

Posterior a la presentación de la queja, la madre de la pequeña se trasladó a San Cristóbal de las Casas para solicitar al juez Guillermo Ramos Pérez ordenara a Carlos Galli el respeto a los acuerdos jurídicos establecidos y la entrega inmediata de la niña, sin embargo, el juez concedió al padre un “permiso de convivencia extendida” tras lo cual Galli se llevó a la niña a un sitio del que la madre no tiene conocimiento.

“La queja en la CEDH contra el juez Guillermo Ramos, se extendió a la Ministerio Público Yoani Yazmín Blanco LaTourniere; y contra Claudia Cruz Díaz, quien tiene el cargo de Procuradora de Protección del Niño, Niñas, Adolescentes y la Familia, porque estas servidoras públicas avalaron la decisión del juez.

También se denunció ante la CEDH a Sandra Elena Espinosa Chanona, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas, quien negó a la madre de la niña la petición para iniciar una carpeta de investigación contra Carlos Galli, por el delito de sustracción de la menor” consignó el medio Chiapas Paralelo.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), la sustracción de menores por parte de un familiar que no tiene la custodia legal es un delito constitucional, además de que el no cumplimiento del régimen de convivencia pone en riesgo el desarrollo sano de los niños y las niñas.

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