El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “le enmendó la plana al Estado mexicano 13 años después”de la detención arbitraria y violación de garantías contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro por parte del gobierno de Puebla, coincidieron Esteban Román Alonso, subdirector de Opinión de El Universal y Leopoldo Maldonado Gutiérrez, subdirector del Programa de Protección de Artículo 19.

Durante la presentación de la campaña “Sin Violencia no hay Libertad de Expresión”, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, cuestionó que por falta de voluntad política haya estados de la República que aún no despenalizan el delito de difamación.

Caso Lydia Cacho, emblemático

Durante la presentación, Esteban Román sostuvo que el caso de Lydia Cacho es emblemático respecto a  la manera en la que se agrede a los periodistas por su trabajo. 

Cuestionó que no haya habido una reivindicación judicial, ni castigo a las autoridades señaladas de violar las garantías individuales de la periodista. 

“13 años después tiene que ser la ONU la que enmienda al Estado mexicano. A partir de la resolución del Comité de Derechos Humanos podemos construir de manera distinta la narrativa del caso”. 

Destacó que hubo un esfuerzo de las autoridades por poner en duda la versión de la autora del libro “Los Demonios del Edén” bajo el argumento de que exageraba en sus acusaciones.   

Sostuvo que las sanciones de tipo administrativo vigentes en legislaciones de estados como Puebla constituyen una nueva amenaza para el ejercicio periodístico a pesar de que se haya eliminado la sanción penal para castigar la difamación. 

“Hay una amenaza que reemplaza las normas penales que son los procesos civiles ya que podrían derivar en sanciones económicas que hagan inviable el trabajo periodístico. Para este tipo de reglamentaciones abrió la puerta la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, acotó. 

Subrayó que las autoridades no se han dado cuenta que los medios de comunicación ya no poseen el monopolio de la información, pues con las redes sociales la gente se puede enterar de manera distinta sobre la realidad. 

En su opinión se debe derogar cualquier sanción que genere inviabilidad de la producción de la información, por lo que propuso provechar la coyuntura de transformación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para conseguirlo. 

“Se usó el derecho penal para sancionar a Lydia Cacho”

Leopoldo Maldonado, subdirector del Programa de Protección de la organización Artículo 19, manifestó que el caso de Lydia Cacho representó un caso emblemático de tortura sexual y de detención arbitraria. 

“Los policías judiciales de Puebla no le mostraron una orden de aprehensión. Se usó el derecho penal para sancionar a Lydia Cacho”, expuso.  

Manifestó que el caso de Cacho Ribeiro marca una pauta para que no queden impunes las agresiones contra mujeres periodistas. 

“Hace falta un cambio de narrativa para alcanzar verdad. La labor periodística es necesaria  para lograr la paz. Cuando se ataca a un periodista también se violenta a la sociedad”.

Manifestó que las redes sociales se han convertido en un instrumento para discriminar a las periodistas con la intención de acallarlas. 

Falta voluntad política

El Ombudsman, Luis Raúl González lamentó que aún haya estados sin despenalizar la difamación como Campeche, Colima, Nuevo León, Nayarit, y Zacatecas. 

Cuestionó que haya entidades que no den el paso para empatar la intención discursiva de las autoridades con los hechos.

La campaña promovida por la CNDH consiste en una serie de spots que serán difundidos en radio y televisión, así como material para redes sociales, los cuales buscan concientizar sobre el riesgo que implica la labor periodística en México.