Como parte del proyecto “Balance de las Reformas Estructurales” del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, la Dirección General de Finanzas elaboró tres Notas Estratégicas sobre los avances en la implementación, los resultados y los temas pendientes de la Reforma Hacendaria, la Reforma Energética y la Reforma Financiera.

La Nota Estratégica 27 “La Reforma Hacendaria a cuatro años de su implementación. Resultados y propuestas”, señala que la Reforma Social y Hacendaria de 2013 fue esencialmente recaudatoria. Las modificaciones legales tanto al IVA como al ISR permitieron elevar los ingresos tributarios en cerca de 1.7 puntos porcentuales del PIB de 2013 a 2017. Asimismo, el IEPS a gasolinas y diésel contribuyó a elevar la recaudación en alrededor de 1.0 punto porcentual del PIB, aunque las modificaciones a este último se dieron con posterioridad a la Reforma. Los mayores ingresos tributarios compensaron la caída de los ingresos petroleros, que pasaron de 8.3% del PIB a 3.8% en el mismo período.

En materia de responsabilidad hacendaria, la Reforma Hacendaria estableció un ancla fiscal y un límite al gasto corriente estructural como regla fiscal. Pese a ello, y aunque en general se ha cumplido con dicho límite, el endeudamiento público creció de forma acelerada entre 2014 y 2016.

El análisis destaca que los elementos de seguridad social que incluía la iniciativa de la Reforma Hacendaria, esto es, pensión universal y seguro de desempleo, no fueron aprobados y los temas relacionados con la calidad y efectividad del gasto público y de federalismo fiscal no se atendieron con la suficiente profundidad.

En esta nota se exponen también algunas de las propuestas para fortalecer el marco fiscal del país planteadas tanto por organismos nacionales como internacionales. Entre ellas, la OCDE recomienda mejorar la eficiencia del gasto público, ampliar la base tributaria, reducir la informalidad, mejorar la transparencia y el combate a la corrupción; mientras que la ASF propone conformar grupos técnicos de expertos que establezcan y apliquen metodologías para la estimación de variables como ingresos, gasto, precio del petróleo, entre otras.

La Nota Estratégica 28, “Reforma Energética: balance de cierre a 2018”, indica que dicha reforma ha avanzado conforme a lo programado en su marco legal. Así, se han llevado a cabo tres rondas de licitación y adjudicado 104 contratos para la exploración y producción de hidrocarburos; y también se liberalizaron precios y permisos de importación de combustibles. Se creó además el Mercado Eléctrico y se llevaron a cabo subastas de generación de electricidad, en las que han destacado los proyectos vinculados a las energías renovables. De acuerdo con datos de la Presidencia de la República, se estima que la inversión privada comprometida en el sector energético ascenderá a 200 mil millones de dólares al cierre de 2018. Sin embargo, persisten cuestionamientos sobre el fracking, y sobre las expectativas de precios de combustibles y de la producción de hidrocarburos.

El análisis señala algunas áreas de oportunidad para fortalecer la implementación de la reforma energética, por ejemplo, llevar a cabo modificaciones a las reglas de acumulación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo para incentivar su ahorro, fortalecer la capacidad de refinación de Pemex para mejorar la balanza comercial de productos petroleros, entre otros.

La Nota Estratégica 29 “Reforma Financiera, resultados y temas pendientes”, señala que la Reforma Financiera consistió principalmente en una actualización del marco normativo que no implicó cambios estructurales en el sistema financiero, lo que puede limitar su capacidad para que los participantes del sistema otorguen más crédito y disminuyan su costo. Al tercer trimestre de 2017, el financiamiento interno al sector privado no financiero alcanzó 34.2% del PIB, 4.4 puntos porcentuales más que cuando se promulgó la Reforma en enero de 2014.

Los cambios normativos relacionados con el objetivo de mejorar la supervisión y vigilancia de las instituciones financieras y su interacción con los usuarios, principalmente a través de un fortalecimiento a la Condusef, comienzan a traducirse en mejores prácticas por parte de los intermediarios financieros. Esto ha favorecido la movilidad de los usuarios entre las instituciones crediticias y mejorado las condiciones en las que interactúan.

Sin embargo, el análisis señala que uno de los principales obstáculos para que se abarate el crédito en México en el corto plazo es que han comenzado a elevarse las tasas de interés a nivel mundial, lo que ha contribuido al incremento de la tasa de referencia de Banco de México de 3.0% a 7.5% entre junio de 2014 y abril de 2018. En consecuencia, las diferentes tasas de interés del sector bancario podrían aumentar, lo que incrementaría el costo del financiamiento en México.